(Abc/InfoCatólica) La pareja, que contrajo matrimonio el 31 de agosto, fue notificada de su cese inmediato el 1 de octubre, tras negarse a que uno de ellos renunciara al empleo, como estipula la nueva normativa. Esta decisión ha provocado críticas generalizadas por parte de sindicatos y expertos legales, quienes consideran la medida injusta y contraria a los principios básicos del derecho laboral.
La normativa fue introducida tres meses después de que la pareja anunciara su intención de casarse en febrero, y afecta incluso de forma retroactiva. El reglamento establece que «esta causa de pérdida de la elegibilidad para el empleo se considerará superada para uno de los cónyuges si el otro cónyuge deja de ser empleado del Instituto y de las otras administraciones del Estado de la Ciudad del Vaticano dentro de los 30 días siguientes a la celebración del matrimonio». Sin embargo, ambos se han negado a dimitir, defendiendo que la norma es injusta y que no existe riesgo real de conflicto de intereses.
Los exempleados han puesto el caso en manos de la abogada Laura Sgró, conocida por su participación en otros escándalos vinculados al Vaticano, como el caso de Emanuela Orlandi y el del guardia suizo Cédric Tornay. Sgró ha declarado en un comunicado que ha «impugnado» el despido, argumentando que lo considera «nulo, ilegítimo y gravemente lesivo de los derechos fundamentales de las personas y de los trabajadores y, por tanto, carente de todo efecto». La abogada sostiene que no hay conflicto de intereses, ya que «no son funcionarios con cargos ejecutivos, sino empleados sin acceso a información confidencial de los clientes, y ubicados en áreas separadas».
Por su parte, el banco IOR ha defendido su decisión explicando que, dado que solo cuentan con 100 empleados y una única sede, es necesario aplicar la norma para evitar posibles «conflictos de interés» entre sus trabajadores. No obstante, este razonamiento no ha convencido a la Asociación de Trabajadores Laicos del Vaticano (ADLV), que ha expresado su rechazo a la medida, calificándola de injusta y retroactiva. Según la ADLV, «la decisión del banco no se basa en una verdadera razón jurídica, sino únicamente en un reglamento interno que va en contra de los principios del derecho». La asociación ha advertido al Vaticano que, de no revisarse la situación, podrían iniciarse «protestas concretas» por parte de los trabajadores afectados.
El caso ha adquirido relevancia debido a la reciente intervención pública del Papa Francisco, quien, el pasado 18 de septiembre, elogió en una audiencia general a dos empleados de Radio Vaticano que estaban a punto de casarse, destacando la importancia del amor y la familia. Este contraste ha generado aún más polémica en torno a la normativa del IOR, que algunos consideran desfasada y en desacuerdo con las palabras del Pontífice.
Ante esta situación, algunos sugieren como posible solución que la pareja sea reubicada en otros departamentos dentro del Vaticano. Sin embargo, de momento, no ha habido respuesta oficial sobre esta opción por parte de la entidad bancaria ni de las autoridades vaticanas
