(InfoCatólica) El proceso legal se inicia después de varios intentos fallidos por parte de las autoridades eclesiásticas para que las ex monjas reconsiderasen su decisión de dejar la Iglesia, algo que ocurrió el pasado 13 de mayo cuando Laura García de Viedma, entonces abadesa del monasterio, emitió un comunicado en el que sostenía la postura sedevacantista, incompatible con la condición de fiel católico.
El 22 de junio, tras un proceso canónico y agotados los recursos disponibles, se declaró la excomunión y expulsión de la vida religiosa de las diez hermanas involucradas en el cisma. A partir de ese momento, perdieron el derecho legal a permanecer en las propiedades del monasterio.
Durante los meses que siguieron a su excomunión, las exreligiosas intentaron registrar asociaciones civiles para transformar la entidad jurídica del monasterio, algo que el Ministerio del Interior rechazó por ser jurídicamente inviable. Ante la falta de voluntad para abandonar el recinto, la Iglesia ha decidido llevar el caso a los tribunales.
La Comisión Gestora, encargada de supervisar la situación, ha expresado su especial preocupación por el bienestar de las cinco hermanas de edad avanzada que aún forman parte de la comunidad monástica. En este sentido, han asegurado estar preparados para atender sus necesidades con la colaboración de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y los familiares de las religiosas.
A pesar del conflicto, la Iglesia ha reiterado su disposición a recibir nuevamente a las exreligiosas en el seno de la comunidad eclesial, que no en la vida religiosa, en un gesto de «delicadeza y misericordia», evocando la parábola del hijo pródigo.