(HRW/InfoCatólica) Las autoridades indias deben intervenir con urgencia para abordar la renovada violencia entre grupos étnicos en el estado nororiental de Manipur, advierten desde Human Rights Watch.Tanto el gobierno estatal de Manipur como el gobierno central deben tomar medidas rápidas para resolver los conflictos, investigar los abusos y castigar adecuadamente a los responsables.
Grupos armados de la comunidad mayoritariamente cristiana Kuki-Zo y de la comunidad mayoritariamente hindú Meitei han participado en actos de violencia mortal, que según informes han causado al menos 11 muertes. Estudiantes y otras personas han protestado contra la violencia, y algunos han chocado con las fuerzas de seguridad y atacado edificios gubernamentales. El 10 de septiembre de 2024, el gobierno del estado de Manipur impuso un toque de queda en tres distritos y suspendió el acceso a internet en cinco distritos hasta el 15 de septiembre.
«La respuesta del gobierno estatal a los cada vez más violentos enfrentamientos étnicos en Manipur solo ha causado más daño», dijo Meenakshi Ganguly, directora adjunta de Human Rights Watch en Asia. «En lugar de proteger a las comunidades vulnerables y mantener el estado de derecho, las autoridades han profundizado el odio y la desconfianza entre las comunidades a través de políticas polarizantes».
El gobierno estatal de Manipur, liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP) y encabezado por el ministro principal N. Biren Singh, de etnia Meitei, ha replicado las políticas divisivas de su partido a nivel nacional para promover el mayoritarismo hindú. Singh ha afirmado públicamente, sin fundamento alguno, que los Kuki están proporcionando refugio a inmigrantes ilegales de Myanmar y están involucrados en el tráfico de drogas, la deforestación y la militancia.
Desde mayo de 2023, más de 200 personas han sido asesinadas y cientos han resultado heridas. Más de 60,000 personas han sido desplazadas y actualmente viven en refugios abarrotados. Varias mujeres Kuki han denunciado violencia sexual y violación por parte de turbas Meitei. Casas, negocios, aldeas y lugares de culto, en su mayoría pertenecientes a la comunidad Kuki, han sido incendiados, atacados y vandalizados.
La violencia más reciente comenzó, según informes, el 1 de septiembre, cuando supuestos militantes Kuki atacaron aldeas en el distrito de Imphal Oeste utilizando drones, matando a dos aldeanos e hiriendo a varios otros. El 6 de septiembre, en el distrito de Bishnupur, presuntos militantes Kuki realizaron ataques con cohetes, matando a un anciano e hiriendo a seis personas más, incluida una niña de 13 años. El 7 de septiembre, en el distrito de Jiribam, seis personas murieron en tiroteos entre grupos Meitei y Kuki. En Sekmai, una turba presuntamente golpeó hasta la muerte a un hombre Kuki, mientras que grupos armados Meitei atacaron un campamento de la Fuerza Central de la Policía de Reserva y hogares cercanos, matando a una mujer.
La violencia actual en el estado de Manipur estalló el 3 de mayo de 2023, después de que las comunidades tribales protestaran contra una orden del Tribunal Superior de Manipur que otorgaba a la comunidad mayoritaria Meitei ciertos beneficios, incluidos la propiedad de tierras en áreas protegidas y cuotas en empleos gubernamentales y admisiones universitarias. Estas medidas afirmativas suelen estar reservadas para grupos tribales a fin de corregir la inequidad y discriminación histórica y estructural. La protesta, que incluyó a los Kuki-Zo, una de las principales comunidades tribales en Manipur, que vive principalmente en áreas montañosas donde a los Meitei se les permitiría comprar tierras bajo el nuevo fallo, se volvió violenta con enfrentamientos entre Meitei y Kuki-Zo. El Tribunal Superior de Manipur revocó la orden en febrero de 2024.
Las tensiones ya venían aumentando desde hace meses, con miembros de la comunidad Meitei acusando a los Kuki-Zo de ser inmigrantes ilegales, cultivar amapolas para el comercio de drogas ilegales y beneficiarse de las cuotas del gobierno en empleos y educación. La comunidad Kuki-Zo acusó a las autoridades de discriminación y de intensificar el desalojo de aldeanos tribales Kuki de las áreas forestales.
Activistas locales han alegado que el gobierno estatal ha brindado apoyo político a grupos de vigilantes violentos que apoyan a la comunidad Meitei. Las comunidades Kuki-Zo han acusado a estos grupos de ataques violentos, abuso sexual y asesinato. Las autoridades de Manipur no han investigado ni tomado medidas contra los grupos implicados en la violencia.
Manipur ha enfrentado durante mucho tiempo insurgencias separatistas, donde tanto los grupos armados como las fuerzas de seguridad del gobierno han cometido graves abusos contra los derechos humanos. Los prolongados conflictos étnicos, especialmente en torno a la tierra y los recursos naturales, a menudo han derivado en violencia
El gobierno del estado de Manipur debe adoptar urgentemente medidas para proteger la seguridad de todas las comunidades, especialmente las más vulnerables, y desescalar la violencia. Las autoridades locales deben garantizar la ayuda humanitaria sin obstáculos y adecuada a las comunidades afectadas, permitir el acceso a internet y comprometerse con la sociedad civil, incluidas mujeres de todas las partes, para abordar los problemas históricos entre las comunidades. El gobierno estatal debe trabajar con el gobierno central de India para proporcionar reparación a las víctimas de abusos, incluidas las víctimas de violencia sexual, investigar y procesar de manera justa a los responsables y actuar para desmovilizar y desarmar a los grupos abusivos.
Las autoridades locales en Manipur deben respetar los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en su respuesta a la situación actual. Las fuerzas de seguridad deben cumplir con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que estipulan que las fuerzas de seguridad utilicen la mínima fuerza necesaria en todo momento. Al dispersar asambleas violentas, solo se deben usar armas de fuego cuando otros medios menos nocivos no sean viables y en la mínima medida necesaria. Los agentes de la ley solo pueden recurrir intencionalmente a la fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
«El gobierno de Manipur ha perdido la confianza de las comunidades debido a sus políticas partidistas y su incapacidad para protegerlas de la violencia», dijo Ganguly. «Puede comenzar a reconstruir esa confianza asegurando que las víctimas y sus familias reciban una pronta reparación, que los responsables de abusos rindan cuentas y que todas las comunidades estén protegidas de una mayor violencia».
