(ACIPrensa/InfoCatólica) La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobierno de Daniel Ortega, aprobó una modificación al Código Penal que busca sancionar a aquellos que cometan delitos desde el exterior. Esta medida ha sido vista como un intento de silenciar a los nicaragüenses en la diáspora, quienes, en palabras del exministro de educación exiliado, Humberto Belli, se espera que permanezcan «calladitos, en silencio, sin opinar nada».
Según reporta AP, el 3 de septiembre la Asamblea aprobó casi por unanimidad, con 88 votos a favor, la reforma que habilita el enjuiciamiento y la confiscación de bienes de ciudadanos u organizaciones, tanto nicaragüenses como extranjeras, que se consideren culpables de delitos contra el Estado, sin importar si residen fuera del país.
Las penas previstas oscilan entre seis meses y 30 años de prisión, llegando incluso a cadena perpetua si se determina que el delito es de gravedad.
Las nuevas reformas en Nicaragua buscan castigar a quienes, dentro o fuera del país, «promuevan, soliciten o gestionen sanciones o bloqueos» contra el Estado o sus funcionarios. El 3 de septiembre, la ONU alertó sobre el deterioro de las libertades en Nicaragua, señalando que la dictadura persigue a quienes expresan opiniones disidentes o actúan de manera independiente.
Según Humberto Belli, exministro de educación, estas reformas permiten que el gobierno acuse a nicaragüenses en el exterior de conspiración sin derecho a la defensa. «Y entonces le confiscan todo lo que esta persona pueda tener en Nicaragua: su pensión de vejez, su seguro social o cualquier propiedad que tenga», denuncia.
«Es una espada de Damocles encima de todos los nicaragüenses en el exterior, para que se mantengan muy calladitos, en silencio, sin opinar nada», expresó en una entrevista para EWTN Noticias desde Miami, donde reside exiliado.
El exministro nicaragüense subrayó que «en Nicaragua no existe separación de poderes y el sistema judicial acusa sin necesidad de prueba alguna y sin derecho a la apelación». Además, denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo «castigan a personas directamente involucradas, como en mi caso, en actividades políticas y de opinión, sino que están castigando a sus familiares».
Al ser consultado sobre la persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica, Belli señaló a EWTN Noticias que «hay una voluntad, no solamente de silenciarla políticamente, sino de acabar realmente con la influencia religiosa y con la predicación del Evangelio en el país».
«De otra forma no se explica por qué unas de las primeras sancionadas fueron las monjitas Misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, que eran totalmente apolíticas, o por qué cerraron Radio María, una emisora que jamás se metió en política, sino que [sólo] predicaba el Evangelio», añadió.
De igual forma, el 6 de julio de 2022, Nicaragua expulsó a 18 Misioneras de la Caridad a Costa Rica, y Radio María fue cerrada el 9 de julio de 2024 tras bloquear sus cuentas bancarias. La dictadura nicaragüense ha clausurado «miles de ONGs» cristianas y, el 19 de agosto, canceló la personalidad jurídica de 1.500 ONGs, incluyendo 678 religiosas. El 5 de septiembre, la Casa Blanca informó sobre la liberación de 135 presos políticos, entre ellos miembros de la iglesia cristiana Puerta de la Montaña y laicos católicos. El 15 de agosto, Martha Patricia Molina presentó un informe detallando 870 ataques a la Iglesia Católica entre 2018 y julio de 2024.
