(KathPress/InfoCatólica) Julia Przylebska es la juez más controvertida de Polonia. La presidenta del Tribunal Constitucional de Varsovia es cercana al líder del partido nacional conservador de la oposición PiS, Jaroslaw Kaczynski; algunos opositores incluso la consideran servil a él. Más delicado aún: una minoría de seis jueces constitucionales considera que su mandato legítimo como Presidenta del Tribunal finalizó en 2022.
La abogada de 64 años anunció el jueves por la noche que el Tribunal Constitucional había dictado una medida cautelar contra un decreto de la ministra de Educación, Barbara Nowacka, sobre la enseñanza religiosa. Sin embargo, no lo anunció en la página web del tribunal, sino en el canal de televisión wPolsce.pl, afiliado a la oposición. Al principio de una entrevista de media hora, Przylebska dijo que su tribunal decidiría pronto sobre la legalidad de la ordenanza. Hasta entonces, no debe aplicarse.
Disputa sobre educación religiosa
El litigio ante el Tribunal Supremo se refiere principalmente a la cuestión de «si los niños de los cursos 1º a 3º, por ejemplo, pueden recibir juntos la asignatura de religión si menos de siete alumnos de una clase han sido inscritos en la asignatura optativa por sus padres». El reglamento publicado por el Ministerio de Educación a finales de julio prevé la fusión de los distintos cursos en estos casos. Según el ministerio, esto responde a la disminución del número de alumnos que asisten a clases de educación religiosa.
Sin embargo, el caso será también la prueba de fuego para saber si el Gobierno de Tusk, en funciones desde diciembre de 2023, reconocerá en absoluto las decisiones del Tribunal Constitucional. Se remite al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este último dictaminó que el Tribunal Constitucional polaco no era una «autoridad compatible con el Estado de Derecho». Esto se debe a que los jueces no fueron nombrados adecuadamente bajo el gobierno del PiS, que fue destituido por votación.
No obstante, la Iglesia católica y el Consejo Ecuménico Polaco recurrieron conjuntamente al tribunal, considerado próximo al PiS, la semana pasada. En concreto, pidieron al tribunal que examinara si el Ministerio de Educación podía promulgar dicha normativa sin el consentimiento de las iglesias. Esto se debe a que la Ley de Educación estipula que el ministro responsable debe actuar «de acuerdo con las autoridades de la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa autocéfala polaca, así como con otras iglesias y asociaciones religiosas» a la hora de promulgar un reglamento sobre educación religiosa.
Representantes del Ministerio de Educación y de la Conferencia Episcopal Católica habían debatido los planes de Nowacka en dos reuniones, sin llegar a un acuerdo. Según el obispo auxiliar responsable, Wojciech Osial, la enseñanza religiosa transversal contradice los principios pedagógicos y es «perjudicial e incluso discriminatoria». Los niños y jóvenes tienen derecho a recibir una enseñanza acorde con su edad y desarrollo. El Ministerio hizo caso omiso. En su defensa, los niños de diferentes cursos en escuelas pequeñas ya recibían clases juntos en muchas asignaturas.
Ante el Tribunal Constitucional, las iglesias insisten en su derecho a opinar sobre la organización de la enseñanza religiosa. No cabe duda de que los gobiernos anteriores han tenido en cuenta los deseos y objeciones de las iglesias en esta cuestión. A veces, los representantes de las iglesias incluso han firmado conjuntamente decretos estatales.
«La escuela debe estar al servicio de los alumnos»
La viceministra de Educación, Katarzyna Lubnauer, reprendió el viernes con bastante dureza a las comunidades religiosas. El Ministerio de Educación, y no la Conferencia Episcopal, organiza el trabajo de las escuelas, dijo la política de la coalición cívica de Tusk: «La escuela debe servir a los alumnos, no a los intereses de las iglesia». Así que la disputa se recrudece, a pesar de que el obispo auxiliar Osial había asegurado hace apenas una semana: «Queremos un acuerdo y no una guerra por la religión en las escuelas».
