(Efe/InfoCatólica) Rechazan además que se utilice el argumento de que la nueva ley les dotará de una mayor seguridad jurídica a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo, porque "ni los médicos y menos aún el nasciturus estarán mejor protegidos que con la ley anterior".
En esta línea, precisan que una decisión "tan importante y de consecuencias irreversibles", cual es un aborto, no puede ser adoptada por un sólo facultativo como propone el nuevo texto legal.
Tras recordar que este proyecto de ley establece un periodo de 14 semanas durante el cual la mujer será libre para abortar, argumentan que este límite es difícil de precisar con el rigor que las leyes exigen a pesar de los medios técnicos actualmente disponibles, por lo que se introduce "un aspecto subjetivo, que aconseja establecer algunas cautelas".
Piden además que se elabore un protocolo de consentimiento informado que ofrezca las debidas garantías de validez y respeto a la opinión y autonomía de la mujer, con "información de la naturaleza de la intervención y sus riesgos".
La OMC considera que se debería dar un "periodo suficiente de reflexión" a las mujeres e informarlas de "las ayudas sociales públicas y privadas" a las que podrán acogerse en el caso de que decidan continuar con la gestación.
"De acuerdo con el Código de Ética y Deontología Médica, la profesión médica está al servicio de la vida humana", sentencia la OMC, para aclarar que los médicos aceptarán, como no puede ser de otra manera, las leyes emanadas del Parlamento, pero "sometiéndolas siempre al valor superior de la libertad de conciencia de cada uno".
Insisten, en este sentido, en que la objeción de conciencia es un derecho fundamental e irrenunciable y, por ello, ven con satisfacción que se reafirme este derecho constitucional para todos aquellos profesionales que deban intervenir como cooperadores necesarios en la práctica de un aborto.
La OMC ve "con satisfacción" que se haya tenido en cuenta su sugerencia acerca de "la conveniencia e importancia" que tiene informar a los padres o tutores, para no privar a la menor de edad que decide poner fin a su embarazo de "su consejo, apoyo y ayuda".
