(Gaudium Press/InfoCatólica) La decisión, dictada por la jueza Cristina Ribeiro Leite Balbone Costa, de la jurisdicción de Infancia y Juventud del Tribunal Civil Central de São Paulo, acogió la preliminar de ilegitimidad activa de la Defensoría Pública para el caso. Como resultado, la magistrada desestimó el caso por completo.
La acción, propuesta en 2022, acusaba a las instituciones de presuntas violaciones a los derechos de niños y adolescentes en sus colegios y casas de hospedaje. Las acusaciones incluían privación de la convivencia familiar, aislamiento, estandarización y despersonalización de los estudiantes.
El caso obtuvo gran repercusión mediática en la época, exponiendo negativamente a la institución católica. Sin embargo, durante todo el proceso se demostró que el caso no tenía sustancia. La defensa siempre sostuvo que se trataba de ilaciones orquestadas por opositores a la institución.
La juez reconoció que los documentos presentados descartaban «la supuesta condición de necesidad de los estudiantes de la institución y sus familias», desautorizando, por tanto, la actuación de la Defensoría Pública en el caso.
Todas las familias de los estudiantes estuvieron representadas en el caso a trav-es reconocido despacho de abogados. Ls padres demostraron conocer las prácticas de la institución, de conformidad con la ley, así como su capacidad para actuar en defensa de sus propios intereses.