(Asia News/InfoCatólica) La histórica sentencia que se ha publicado tras una larga batalla legal, supone el fin de una lucha de décadas para obtener justicia de las víctimas, que además de dinero también piden disculpas públicas a las autoridades.
Después de años de litigio, una ley de 2019 concedió finalmente una compensación a las víctimas sobrevivientes, pero algunas siguieron luchando para obtener una suma más elevada. En cuatro de los casos el gobierno central había apelado las sentencias de compensación dictadas por jueces de grado inferior. En el quinto caso, en cambio, dos mujeres habían apelado contra la desestimación de sus reclamos porque, según los magistrados, habrían prescrito.
Casi 25.000 personas con discapacidades o enfermedades crónicas fueron esterilizadas en Japón entre 1948 y 1996 en virtud de una ley de eugenesia que fue derogada ese año. Cerca de 16.000 de estas operaciones se habrían realizado sin consentimiento, incluso en menores, entre ellos dos niños de nueve años, un varón y una mujer. Los datos revelan el uso generalizado de esta práctica en el pasado y están contenidos en un informe de 1.400 páginas que se publicó en junio del año pasado y fue presentado ante el Parlamento, lo que desató fuertes controversias y discusiones. Aunque las autoridades afirman que las otras 8.500 personas dieron su consentimiento para los procedimientos, los abogados sostienen que fueron «obligados de facto» a someterse a la cirugía debido a la presión que sufrieron en aquel momento.
La Corte Suprema también dictaminó que el plazo de prescripción de 20 años no puede aplicarse a los reclamos de indemnización en casos de esterilización forzada. Los abogados argumentaron que la aplicación del plazo de prescripción habría impedido que algunas de las víctimas, especialmente aquellas esterilizadas sin su conocimiento y que se enteraron de la operación demasiado tarde respecto del plazo establecido por la ley, pudieran apelar para obtener justicia.
Las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo sobre todo en las décadas del '60 y el '70, durante el baby boom de la posguerra. Muchas de las personas esterilizadas a la fuerza tenían discapacidades físicas e intelectuales, problemas de salud mental o enfermedades crónicas como la lepra. Para estas operaciones se permitía la coacción física, la anestesia e incluso lo que se ha denominado «engaño».
Según una ley que se aprobó en 2019 a raíz de una de las demandas, las víctimas supervivientes pueden recibir hasta 3,2 millones de yenes (algo menos de 18.500 euros) cada una. Desde entonces, cerca de 1.300 personas presentaron un reclamo, y hasta el momento 1.100 de ellas han sido compensadas. Sin embargo, para algunas de las víctimas la suma de dinero no puede superar un determinado umbral y es inferior al máximo fijado por los jueces.
«Cuando descubrí que nunca podría ser madre... Se me rompió el corazón», declaró a la BBC en una entrevista Yumi Suzuki, nacida con parálisis cerebral y esterilizada a la fuerza cuando sólo tenía 12 años. La mujer, de 68 años, es una de los 11 demandantes cuyo caso ha sido llevado a los tribunales. «No quiero dinero. Quiero que la gente sepa - dijo - lo que nos pasó. Para que no vuelva a ocurrir nunca más. Quiero que las personas discapacitadas reciban un trato justo. No somos cosas. Somos seres humanos».
