(Vatican.news/InfoCatólica) Más de ocho meses después del cierre del juicio en el Tribunal del Vaticano por la compraventa del edificio londinense que supuso la condena, en primera instancia, de diez acusados por delitos que van, entre otros, del fraude al soborno, el asunto del inmueble de Sloane Avenue, el asunto vuelve a estar en el centro de otro proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido.
Dicho proceso comenzó el pasado 24 de junio a raíz de una demanda civil presentada, en 2020, en Inglaterra, por Raffaele Mincione, financiero fue figura entre los diez acusados en el proceso del Vaticano, condenado a 5 años y 6 meses, más 8.000 euros de multa e inhabilitación perpetua para cargo público, por blanqueo de capitales, malversación y corrupción. Un asunto sobre el que también se había pronunciado el Tribunal Federal de Denuncias de Suiza, confirmando el embargo de casi 100 millones de euros a algunos acusados, entre ellos, Mincione, en 2021-22.
Mincione emprendió este proceso civil con el objetivo de obtener del Alto Tribunal, una treintena de declaraciones que afirmen, en esencia, que en las transacciones con la Santa Sede para la compraventa del inmueble londinense había «actuado de buena fe». Mientras que la Secretaría de Estado siempre ha contestado el precio inflado del edificio y los poderes especiales que Mincione adquirió en las distintas transacciones, por encima de los contratos.
El caso, según la Santa Sede
Como se recordará, Mincione llegó al Vaticano de mano de Enrico Craso, durante años asesor financiero de la Secretaría de Estado y que también fue condenado en el proceso vaticano, para llevar a cabo la debida diligencia sobre una inversión inicialmente propuesta por el cardenal Angelo Becciu, entonces sustituto, para unos pozos petrolíferos en Angola. La inversión no tardó en fracasar, en parte debido a la opinión negativa presentada por Mincione. En efecto, el financiero la había desechado -después de más de un año- como una operación arriesgada, proponiendo en su lugar la compra de un edificio, antigua sede de los grandes almacenes Harrod's, en una prestigiosa calle de la capital británica.
Un inmueble con un precio «sobreestimado» de entre 56 y 101 millones de libras; algo que causó un «perjuicio» a la institución (la Santa Sede) que poseía el 45% del mismo, según había declarado en su alegato el pasado mes de septiembre la abogada demandante civil de la Secretaría de Estado, Paola Severino. Todas las operaciones posteriores, como el oneroso Credit Lombard y la compra de una participación a través del fondo Athena Capital, dirigido por el propio Mincione, tenían como objetivo «satisfacer los intereses de los gestores y no los del suscriptor, sobre el que recaían cuantiosas pérdidas», señalaba también Severino.
La Santa Sede, demandada
La Santa Sede, demandada, estará representada ante el tribunal por el sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, monseñor Edgar Peña Parra, que comparecerá como testigo. Se trata precisamente del arzobispo venezolano, que llegó a Roma en 2018 y fue llamado de inmediato, en el período comprendido entre finales de ese año y principios de 2019, para hacer frente a una operación financiera que se concretó en lo que el propio sustituto, en su memorial del 2 de junio de 2020, presentado en los registros del Tribunal Vaticano, calificó como un verdadero «fraude» en perjuicio de la Santa Sede. En su doble interrogatorio en la sala del Museo Vaticano, en marzo de 2023, habló de un «via crucis». Ahora dará cuenta de ello a los jueces británicos en tres interrogatorios previstos para los días 4, 5 y 8 de julio.
El arzobispo Peña Parra intervendrá, por tanto, durante el desarrollo del proceso, el único en nombre de la Santa Sede, ya que todos los demás actores de la Secretaría de Estado implicados en el asunto (el cardenal Angelo Becciu, el citado Craso y el ex funcionario de la Oficina Administrativa, Fabrizio Tirabassi) han sido condenados, en primera instancia, por el Tribunal vaticano. Esto hace, de hecho, imposible escucharles como testigos.
Defensa por parte de los abogados de la Secretaría de Estado
Mientras tanto, los abogados de la Secretaría de Estado, Charles Hollander, Samar Abbas Kazmi, James Bradford y Jagoda Klimowicz, han preparado una declaración de defensa de más de 80 páginas. En el documento, señalan, en primer lugar, el momento de la denuncia de Mincione, presentada el 16 de junio de 2020, cuando el financiero «estaba siendo investigado por la autoridad judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, la Procuraduría de Justicia por una serie de graves delitos económicos de los que la Secretaría de Estado había sido víctima». Las investigaciones del Promotor, leemos, «condujeron, entre otras cosas, a la congelación en Suiza de algunos activos de Mincione y a la acusación de Mincione y de otras personas por fraude, autoblanqueo y malversación de fondos. Sus coacusados incluyen empleados y agentes de la Secretaría de Estado, además de algunos directamente involucrados en operaciones relacionadas con la propiedad (ndr:el edificio de Sloane Avenue)».
Los abogados señalan también que la denuncia llegó un par de días después de la detención en el Vaticano de Torzi (13 y 14 de junio de 2020), quien, según la tesis de la Secretaría de Estado, «a pesar de afirmar que actuaba como agente de la Secretaría de Estado en transacciones relacionadas con la propiedad en cuestión del presente proceso, fue parte de la conspiración criminal utilizando medios ilícitos (junto con el Sr. Mincione y otros) para defraudar a la Secretaría de Estado».
El juicio en el Tribunal del Vaticano
El memorándum subraya también cómo el proceso en el Tribunal Vaticano tuvo la ventaja de basarse en un amplio interrogatorio con un enorme número de personas escuchadas por todas las partes interesadas (55 testigos además de los acusados), llegando a «conclusiones que abarcaron un largo período».
De este proceso, que comenzó en julio de 2022 y finalizó en octubre de 2023, surgió «una triste historia de corrupción y abuso de poder por parte de funcionarios desleales y de especulación por parte de actores externos», durante todo el período transcurrido desde la entrada de Mincione en la Secretaría de Estado, en 2012, hasta después de la adquisición de la propiedad por parte de Gutt. «Los hechos de los que se ocupó el Tribunal del Vaticano se refieren a la corrupción, el fraude y la malversación de fondos que están profundamente arraigados desde hace años», se lee en el documento. Se reconoce que «muchas de las cuestiones que son objeto» del proceso penal en el Vaticano «no son admisibles» en el proceso civil en Londres, pero se invita, no obstante, a tenerlas en cuenta.
La cuestión del precio de la propiedad.
En cuanto a la formulación de las declaraciones solicitadas, se subraya que «la cuestión clave planteada (precio de mercado del inmueble y si la Secretaría de Estado pagó demasiado) no aparece en las declaraciones solicitadas» por Mincione, «que parecen eludir deliberadamente esta cuestión »: «Apenas llegan a una serie de declaraciones sobre si los demandantaes actuaron de buena fe». Finalmente, se subraya que monseñor Peña Parra estuvo implicado en el asunto cuando ya estaba llegando a su fin y, por tanto, tiene un conocimiento «muy limitado» respecto a lo anterior: «Por tanto, la tesis de la Secretaría de Estado en este juicio se basa en una combinación de pruebas documentales y preguntas que deberán ser sometidas a Mincione y a otros en el contrainterrogatorio».
