(Actuall/InfoCatólica) El diputado Sóstenes Cavalcante ha presentado el Proyecto de Ley 1904/2024, que está orientado a prohibir los abortos tardíos en Brasil al penalizar severamente a los médicos que realicen abortos después del quinto mes de gestación (22 semanas), equiparando estos actos con el homicidio.
Esta iniciativa surge como respuesta a la expansión de prácticas abortistas bajo la administración de Lula, que ha adoptado nuevas directrices de la OMS redefiniendo el aborto para incluir casos tardíos, como aquellos por violación hasta el término del embarazo. El proyecto está generando un intenso debate en la Cámara de Diputados, enfrentando fuerte oposición del oficialismo.
Hasta el año 2022, la OMS mantenía una definición del aborto como la extracción de un feto no viable del útero materno, siguiendo la doctrina médica establecida. Sin embargo, con la introducción de la 11ª Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) en 2022, la OMS redefinió el aborto provocado como la expulsión intencional del feto en cualquier etapa del embarazo, sin la intención de que nazca con vida.
Esta nueva definición elimina el límite de viabilidad fetal a las 22 semanas y amplía el concepto de aborto hasta el momento del nacimiento, marcando un cambio significativo y controvertido en la terminología médica internacional.
Con este cambio semántico, las leyes existentes no necesitan modificarse, solo reinterpretarse. Ahora, las leyes que antes permitían el aborto hasta el quinto mes de gestación pueden ser aplicadas hasta el momento del parto bajo esta nueva interpretación.
Este cambio no fue fortuito, sino parte de un esfuerzo global por establecer el aborto como un derecho fundamental. En Brasil, por ejemplo, el Ministerio Público comenzó a exigir a los médicos, bajo amenaza de acciones legales, que realicen abortos en casos de violación, una práctica no penalizada por las leyes actuales del país.
Por supuesto, esta influencia perniciosa no se limita a Brasil, sino que es una imposición global de la OMS hacia todos los países, a pesar de las críticas recibidas durante la pandemia de COVID-19 bajo el pretexto de la salud pública mundial.
Antes de 2022, incluso los gobiernos de izquierda, como los de Lula y Dilma en Brasil, prohibían el aborto después de que el bebé fuera viable, generalmente reconocido alrededor de las 22 semanas de gestación. En casos de complicaciones obstétricas o violación, la gestación podía finalizarse sin penalización si era antes de este límite, ya que el bebé no era considerado abortado, sino anticipación del parto. Sin embargo, si el propósito era acabar con la vida del bebé, se calificaba como infanticidio.
Esto se reflejaba en las «Normas Técnicas del Aborto en Caso de Violencia» del Ministerio de Salud de Brasil, que prohibían explícitamente el aborto después de la vigésima semana de gestación, pues después de este punto, el sacar al bebé del vientre materno no constituía un aborto según la ley vigente, sino un homicidio.
El Proyecto de Ley 1904/2024 fue propuesto con el fin de detener el preocupante aumento de los abortos tardíos, que en efecto equivalen a infanticidios.
