(CNA/InfoCatólica) La declaración jurada por la que se solicita la orden de registro, de la que ha tenido conocimiento radio WWL de Nueva Orleans, alega que múltiples víctimas de abusos sexuales han prestado declaraciones en las que afirman que fueron trasladadas a otras parroquias y fuera de Luisiana, donde sufrieron abusos sexuales. También alega un plan dentro de la archidiócesis en el que se ordenaba a los niños víctimas de abusos que hicieran «regalos» a determinados sacerdotes, con la intención de señalar que los niños eran objeto de abusos sexuales.
Según las alegaciones de la declaración jurada, múltiples víctimas informaron de que fueron llevadas al Seminario de Nueva Orleans, donde se les ordenó «nadar desnudos en la piscina y fueron agredidos o abusados sexualmente». También alega que los investigadores descubrieron que esto era «algo habitual» y que otros miembros de la archidiócesis estaban presentes.
«Basándose en estos hallazgos, así como en las acusaciones de abusos sexuales a menores generalizados, se determinó que era necesaria una mayor investigación en la archidiócesis de Nueva Orleans», escribió el investigador Scott Rodrigue en la declaración jurada.
La juez Juana Lombard concedió a la policía la orden de registro la semana pasada, pero las alegaciones de la orden no se hicieron públicas hasta el martes 30 de abril. La orden permite a la policía registrar expedientes personales, registros financieros, comunicaciones y otros documentos relacionados con las acusaciones de abusos sexuales.
La orden reconoce que la policía tiene motivos fundados para sospechar que se ha infringido la ley que prohíbe la «trata de menores con fines sexuales».
Aunque las alegaciones contenidas en la orden no indican cuándo se produjo el presunto tráfico, la información que llevó a sospechar de tráfico sexual fue obtenida por la policía durante una investigación anterior sobre un sacerdote jubilado llamado Lawrence Hecker, acusado de violar a un adolescente menor de edad en la década de 1970. Hecker fue acusado del presunto delito, pero aún no ha sido juzgado.
La declaración jurada alega que los documentos obtenidos durante la investigación de Hecker muestran que «los arzobispos anteriores... no sólo conocían los abusos sexuales generalizados y no informaron de todas las denuncias a las fuerzas de seguridad, sino que también gastaron fondos de la archidiócesis para apoyar al acusado».
Uno de los documentos citados en la declaración jurada afirma que un arzobispo en concreto «era consciente de los abusos sexuales generalizados en toda la archidiócesis», pero la declaración omite el nombre del arzobispo.
En la declaración jurada se alega, sin indicar el período exacto, que la archidiócesis «ignoró» o «encubrió» las denuncias de abusos sexuales generalizados. Alega que, en muchos casos, las denuncias de abusos «no se comunicaron a las fuerzas del orden». En algunos casos, la archidiócesis proporcionó «pagos monetarios» a las víctimas o a sus familias «para desestimar las denuncias», según la declaración jurada.
Los investigadores realizaron «un gran número de entrevistas» a personas que denuncian abusos sexuales generalizados contra niños en la archidiócesis, según la declaración jurada. Todavía se están realizando entrevistas.
La archidiócesis de Nueva Orleans se declaró en bancarrota en mayo de 2020 en medio de problemas financieros causados por la pandemia de COVID-19 y los costos de litigios y acuerdos relacionados con presuntos abusos sexuales.
