(UCANews/InfoCatólica) La vigilancia del gobierno sandinista sobre el obispo Sandigo, considerado prorrégimen, se asemeja a los inicios de la represión contra el obispo disidente Álvarez.
Al parecer, en Nicaragua las fuerzas de seguridad han rodeado la plaza situada frente a la catedral de León. La policía ha podido seguir durante 24 horas con quién se reunía y qué pasos daba el obispo René Sandigo, informa la activista de derechos humanos Martha Patricia Molina en Plataforma X. Se trata de un asedio al obispo, no de una operación de seguridad para su protección, «ya que los sandinistas son los únicos que reprimen y asesinan en Nicaragua», afirma.
La medida fue una sorpresa, ya que Sandigo es considerado el obispo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua con mejores conexiones con el gobierno, según se dijo. Al parecer, fue una reacción a la anterior huida del sacerdote de la catedral Aurelio López, que abandonó el país para exiliarse. En los últimos días, los medios de comunicación nicaragüenses habían especulado con la inminencia del nombramiento de Sandigo por el Papa Francisco como arzobispo de la capital, Managua.
El activista Molina también había criticado recientemente otras medidas adoptadas por el régimen contra la Iglesia Católica. Por ejemplo, los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo habían pedido a las administraciones regionales que organizaran actos políticos frente a edificios eclesiásticos. La megafonía obligaba a menudo a cancelar los oficios religiosos, dijo Molina, refiriéndose a una «profanación» de los lugares de culto. También se organizó un combate de boxeo directamente en la plaza frente a la catedral de León, que fue pintarrajeada por los espectadores.
La Iglesia Católica es considerada la oposición más importante al régimen sandinista en Nicaragua y también su principal enemigo. Hace unos días, el vicepresidente Murillo también culpó a la Iglesia Católica del estallido de las protestas sociales en abril de 2018. En ese momento, los estudiantes salieron inicialmente a las calles contra una operación de tala y quema en una reserva natural que supuestamente fue tolerada o incluso iniciada por el gobierno de izquierda. Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país. El régimen de Ortega reprimió las manifestaciones con una violencia brutal. Pastores y obispos abrieron sus iglesias para que los manifestantes pudieran encontrar protección frente a las balas de la policía.
Desde entonces, la relación entre el Estado y la Iglesia ha sido muy tensa. Los sandinistas acusaron a la Iglesia de incitar al terrorismo. Muchos representantes de la Iglesia fueron detenidos o se exiliaron voluntariamente.
El caso de Rolando Álvarez, en particular, causó un gran revuelo internacional: En agosto de 2022, el obispo antigubernamental fue detenido después de que su casa hubiera sido asediada por agentes de policía durante varios días y sólo hubiera podido celebrar oficios religiosos a través de Internet y la radio. En febrero de 2023, un tribunal condenó a Álvarez a 26 años de prisión en un juicio sumario por desobediencia y atentar contra la integridad nacional. Las autoridades le revocaron la nacionalidad. Álvarez se negó entonces a ser deportado a Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos. No accedió a su expatriación hasta enero, tras perder mucho peso en prisión.
