(C-FAm/InfoCatólica) El Informe de Derechos Humanos es una investigación anual mandada por el Congreso sobre los registros de derechos humanos de casi 200 países. Como era de esperarse, el informe de la administración Biden se fundamenta en una comprensión proabortista y pro-LGTBI de los derechos humanos que es inconsistente con los aceptados por todo el mundo, pero que coincide con los argumentos de agencias de la ONU y organismos de seguimiento de tratados.
Entre otros temas, el informe investiga el cumplimiento gubernamental con los «derechos reproductivos», si ofrecen reconocimiento legal de los géneros «preferidos» de las personas, así como si reconocen la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) como categorías especiales dignas de protección. Ninguno de estos es un derecho humano establecido.
El Secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, inauguró el informe diciendo que «hay mucho trabajo por hacer para defender los derechos establecidos en la Declaración Universal».
Aunque los estados miembros de la ONU nunca acordaron un derecho internacional al aborto, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU declara tal derecho, la administración Biden hizo del acceso al aborto una prioridad política clave y restableció una sección del informe dedicada a los derechos reproductivos, introducida inicialmente por Barack Obama y eliminada por Donald Trump durante su administración.
El informe critica a El Salvador por sus prohibiciones del aborto, informó sobre Hungría por «requerir que las mujeres vean los signos vitales fetales antes de someterse a un aborto» y señaló a Burkina Faso, Camerún y Uganda, entre otros, por su falta de acceso a la «salud sexual y reproductiva».
El informe también mencionó a Burundi y Rumanía por la falta de acceso a la educación sexual, diciendo que «había barreras de infraestructura e información para que un individuo mantenga su salud reproductiva, incluida la falta de atención médica comunitaria y educación sexual adecuada para adolescentes».
Blinken también señaló que el informe incluye disposiciones específicas sobre miembros de comunidades vulnerables, término que a menudo se utiliza para promover reconocimientos y derechos especiales a individuos y grupos LGBTQI+.
El informe señaló a Polonia por no permitir que las «parejas LGBTQI+ adopten» y criticó una iniciativa legislativa que «impidió la 'ideología LGBT' en las escuelas, llamó a la protección de los niños contra la corrupción moral y declaró el matrimonio como una unión solo entre una mujer y un hombre».
El informe también criticó a Hungría por impedir que «individuos transgénero o intersexuales cambien su sexo o género asignados al nacer en documentos legales y de identificación» y por su ley de protección infantil que exige que «los sitios web que contienen cualquier forma de contenido LGBTQI+... [requieran] que los usuarios verifiquen que tienen 18 años o más con advertencias sobre 'contenido para adultos'».
En cuanto al trabajo de las organizaciones LGBTQI+, el informe dice que en Uganda «muchas organizaciones LGBTQI+ informaron que operar programas de salud, particularmente programas de prevención y tratamiento del VIH, los protegía de posibles acosos o cierres, aunque su misión principal era la promoción de la defensa de las personas LGBTQI+».
El informe también señaló a Burundi por permitir que la Iglesia Católica ordene a sus escuelas dejar de trabajar con organizaciones que violen las enseñanzas de la Iglesia. Esta interpretación parece estar en marcado desacuerdo con la tradicional libertad religiosa.
Robert S. Gilchrist, alto funcionario del Departamento de Estado de EE. UU., dijo que este informe «es más central que nunca en un mundo donde cada vez vemos hechos difamados como mentiras, mentiras presentadas como hechos e información manipulada hasta extremos perturbadores por autócratas y otros actores malignos».
