(UCANews/InfoCatólica) Los líderes cristianos de la India han criticado la decisión del gobierno de declarar días laborables el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección en el conflictivo estado de Manipur, donde el 41% de sus 3,2 millones de habitantes son cristianos.
La orden del gobierno estatal del 27 de marzo declaraba los días 30 y 31 de marzo «días laborables para todas las oficinas gubernamentales, incluidas las empresas del sector público, los organismos autónomos y las sociedades dependientes del gobierno estatal».
La decisión se tomó, según la orden, para garantizar el «buen funcionamiento de las oficinas en los últimos días del año fiscal».
En India, el año fiscal comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo, lo que obliga a todas las instituciones a cerrar sus libros contables el 31 de marzo.
«Esta decisión es como echar sal en las heridas» de la comunidad cristiana afectada por los disturbios, declaró un líder eclesiástico de Manipur, que no quiso ser nombrado.
El partido pro hindú Bharatiya Janata, que dirige el gobierno del estado, «ha reafirmado una vez más su postura anticristiana», declaró a UCA News el 28 de marzo.
El líder eclesiástico afirmó que la violencia que comenzó el 3 de mayo del año pasado aún no ha remitido.
Oficialmente han muerto 219 personas y unas 50.000 viven en campos de socorro gestionados por el gobierno, ya que sus casas quedaron destruidas. Casi 350 lugares de culto, incluidas iglesias, han sufrido daños.
«El gobierno es incapaz de restablecer la paz. En lugar de ello, está emitiendo este tipo de órdenes divisorias», añadió el líder eclesiástico.
El estado ha sido testigo de una violencia sin precedentes entre los meities, de mayoría hindú, y los kukis, de mayoría cristiana.
Los kukis se oponen a la medida del gobierno de conceder el estatus tribal a los meities, lo que les permitiría beneficiarse de las ventajas educativas y laborales del programa indio de discriminación positiva.
El Foro Cristiano Unido (UCF), un organismo ecuménico con sede en Nueva Delhi, ha exigido la «retirada inmediata de la orden inconstitucional, que es contraria a todas las normas de una fiesta pública» declarada por el gobierno indio en su boletín oficial.
«Con un 41% de población cristiana en el estado, es obvio que muchos miembros de la comunidad minoritaria empleados en oficinas gubernamentales tendrán que renunciar a la celebración de la Pascua», declaró la UCF en un comunicado el 28 de marzo.
La orden del gobierno «pretende reprimir aún más a los cristianos del estado, ya victimizados», añadió.
