(EFE/InfoCatólica) Freyre, de 39 años, y Di Bello, de 41, tenían previsto casarse este martes, cuando se conmemorará el Día Mundial contra el Sida, enfermedad que ambos padecen. Entre los argumentos para pedir la nulidad del fallo de Seijas, Roggero sostuvo que una magistrada del fuero contencioso administrativo no puede fallar sobre el Código Civil.
María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis (LGBT), dijo a Efe que todavía no fueron notificados sobre la decisión de Gómez Alsina, pero comentó que los abogados del colectivo sostienen que sólo la Corte Suprema puede anular la decisión de Seijas. "Un juez no puede anular la decisión de un colega de otro fuero y que, además, pertenece a otra jurisdicción", insistió.
Rachid señaló que el Registro Civil "tiene la obligación" de casar a José María Di Bello y Alex Freyre, boda que tendrá como padrino, entre otros, al embajador para América Latina y el Caribe de ONUSIDA, el español Pedro Zerolo. "Nosotros seguimos preparando la boda y, si mañana no llega a realizarse, haremos una rueda de prensa con todos los testigos del casamiento, que como se sabe son referentes políticos y de organizaciones sociales y culturales", aseguró.
En declaraciones al sitio digital del diario La Nación, Di Bello sentenció que "nada ni nadie" impedirá su casamiento con Freyre. "Había rumores sobre pedidos de nulidad y si algún juez les da lugar, lo único que harían es demorar la boda, pero de ninguna manera cancelarla", subrayó. Pablo Tonelli, procurador de Buenos Aires, indicó, por su parte, que "así como la ciudad acató la orden de la jueza Seijas, ahora acatará la resolución de no casar a la pareja".
La decisión de Seijas se conoció en momentos en que está trabado en la Cámara de Diputados el debate de un ley que posibilite el matrimonio entre homosexuales. En la actualidad, las parejas del mismo sexo únicamente pueden obtener la unión civil en cuatro ciudades de Argentina. La Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires, aprobada a finales de 2002, supuso el primer antecedente en el país y en toda Latinoamérica. Pese a esto, el lobby gay argentino y mundial continuó exigiendo la completa equiparación de sus uniones al matrimonio, en contra de lo establecido por las leyes civiles.
La decisión del alcalde de Buenos Aires de no apelar la resolución de la jueza Seijas desató duras críticas de la Iglesia y grupos católicos que acusaron a Macri de incumplir su obligación de defender las leyes y de sentar un mal ejemplo para el resto de los países latinoamericanos.
El arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina, Jorge Bergoglio, se reunió la semana pasada con Macri para reiterarle que, al no apelar el fallo, "había faltado gravemente a su deber de gobernante y custodio de la ley", según informó el Arzobispado de Buenos Aires en un comunicado.
