(LifeSiteNews/InfoCatólica) Católicos nicaragüenses exiliados testificaron esta semana en el Capitolio, revelando algunos de los intensos interrogatorios y torturas perpetrados por el régimen comunista del dictador Daniel Ortega en su persecución de la Iglesia.
Uno de los exiliados, que fue detenido junto al obispo Rolando Álvarez, reveló que el gobierno quería que declarara falsamente que el obispo era el cabecilla de un golpe de Estado contra Ortega. El hombre se negó a traicionar a su obispo.
En una audiencia celebrada en el Congreso el 30 de noviembre, el congresista Chris Smith (republicano de Nueva Jersey), presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos Mundiales de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, escuchó el testimonio de presos de conciencia exiliados y de sus familiares. Smith exigió la liberación inmediata e incondicional del obispo encarcelado Álvarez, que es ahora el único miembro conocido del clero católico que permanece entre rejas en Nicaragua.
Uno de los presos de conciencia (todas cuyas identidades se mantuvieron en secreto por razones de seguridad) testificó que el régimen de Ortega utilizó como pretexto para su persecución de la Iglesia Católica la acusación de que sacerdotes y obispos católicos fueron organizadores de un golpe de Estado fallido y querían organizar otro golpe.
«Nos acusaron de ser miembros de una banda de delincuencia organizada y de que los cabecillas eran los obispos y, sobre todo, decían Rolando», declaró el primer testigo. «Me interrogaron y me acusaron de dar discursos de odio, de organizar una sublevación. Me acusaron de atentar contra la dignidad del Estado y de Nicaragua, de difundir noticias falsas».
«Siempre se dirigieron a Monseñor [Monseñor Álvarez] como si fuera la cabeza pensante y el organizador del fallido golpe de Estado y de querer organizar un nuevo golpe. Lo anterior demuestra el gran desconocimiento que el gobierno y otras autoridades tienen del papel profético y del compromiso evangélico de los obispos».
Un segundo preso de conciencia exiliado, que fue detenido junto a monseñor Álvarez, relató el secuestro del obispo con su curia y los posteriores interrogatorios y juicio que buscaban identificar al obispo como cabecilla de un supuesto golpe de Estado.
«Estas injusticias se incrementaron en abril de 2018 cuando grupos paramilitares armados y policías reprimieron violentamente a jóvenes que protestaban en las calles de algunos departamentos del país contra las reformas a la Seguridad Social llevadas a cabo por el Gobierno», afirmó el testigo.
«El obispo Rolando Álvarez y parte de su clero salieron en defensa de los manifestantes, y algunas de las iglesias sirvieron de albergues y clínicas para jóvenes que huían de la represión y habían sido heridos por la policía y miembros del partido gobernante», continuó:
Fui secuestrado por la Policía Nacional de Nicaragua; digo secuestrado, porque ese día, a las tres de la madrugada, un grupo de policías antimotines entró violentamente en el edificio de la curia episcopal y, sin presentar ninguna orden de detención, nos sacó de las habitaciones y nos metió en la sala de conferencias de la curia. Éramos cinco sacerdotes, entre ellos el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, un diácono, dos seminaristas y un laico, en total nueve personas que llevábamos 15 días encerrados, porque el 4 de agosto la Policía Nacional los encerró en ese edificio.
Me trasladaron a las celdas del Auxilio Judicial de Managua, cárcel más conocida como el «Nuevo Chipote». Nos violaron nuestros derechos porque no nos dijeron nada sobre el motivo de nuestra detención. Nos desnudaron, nos obligaron a ponernos el uniforme de la cárcel y me trasladaron a una de las celdas. Ese mismo día comenzaron los interrogatorios. Hubo más de 30 interrogatorios, que podían tener lugar a cualquier hora del día, incluso de madrugada.
Me chantajearon y amenazaron de muerte a mis familiares porque querían que declarara que el obispo era miembro de una organización que quería promover un golpe de Estado contra Daniel Ortega y que recibía dinero del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Otros interrogatorios tenían que ver con homilías que el obispo había pronunciado en algunas eucaristías y en las que, según ellos, incitaba a la gente a levantarse para protestar contra el gobierno. Las homilías están todas en las redes sociales, y en ellas él simplemente ejerce su libertad de expresión y aboga por la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Es claro que esto es manipulado por el mismo gobierno al que no le gusta escuchar la verdad y la voz de la Iglesia Católica, por lo que a partir de esa fecha comenzó una abierta persecución a instituciones católicas, como Cáritas y la Universidad Juan Pablo II y más recientemente la Universidad Centroamericana (UCA), afectando así la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Mientras tenían lugar los interrogatorios, se celebraba también el juicio contra el grupo que estaba en la curia episcopal. El juicio desde el principio estuvo lleno de irregularidades, ilegalidades y vicios. La fiscalía, la policía y los jueces se confabularon para que, al final, la acusación fuera prácticamente la misma para la mayoría de los 222, incluidos los sacerdotes y el obispo. Del mismo modo, una vez dictada la sentencia, se nos acusó de «traición», y se nos retiraron todos nuestros derechos civiles hasta el punto de no presentarnos siquiera en el Registro Civil.
Como señalé anteriormente, fuimos sacados de la cárcel la noche del miércoles 8 de febrero, alrededor de las 22:30 horas, y llevados en tres autobuses con destino desconocido hasta que estuvimos en la pista del aeropuerto de la Fuerza Aérea, y se nos explicó que partíamos al exilio en Estados Unidos. Cuando estábamos en Washington al día siguiente, nos dimos cuenta de que el obispo no estaba en ese avión. Está recluido en la cárcel conocida como La Modelo, en Tipitapa, Managua, Nicaragua.
La madre de un preso de conciencia declaró que su hijo fue secuestrado por la policía sandinista y posteriormente torturado junto con otros presos en el marco de la represión gubernamental contra la población civil contra la que la Iglesia en Nicaragua, incluido el obispo Álvarez, había alzado su voz.
«En la ciudad de Matagalpa, el 15 de mayo, la policía sandinista y grupos paramilitares atacaron a los jóvenes manifestantes. Los sacerdotes católicos intercedieron y lograron un cese al fuego», relató la madre. «La Iglesia Católica abrió las puertas de sus iglesias para proteger la vida y la integridad de los estudiantes y manifestantes».
El 30 de mayo, Día de la Madre nicaragüense, se organizó una marcha en apoyo a las madres de los jóvenes asesinados. Miles de nicaragüenses participaron, entre ellos mi familia y yo. A medida que avanzaba la marcha, se oían disparos. La dictadura tenía francotiradores y disparaban contra la población civil que participaba.
Mi hijo mayor y otros jóvenes salieron a ayudar a los heridos. Mi marido, uno de mis hijos y yo conseguimos llegar a nuestra casa. Sin embargo, mi hijo mayor no pudo; se refugió en la catedral de la iglesia católica. En la madrugada del día siguiente, mi marido y yo conseguimos sacarlos de la catedral.
Uno de mis hijos fue secuestrado por paramilitares a mediados de 2018. En el momento de su secuestro, pasaban por allí dos sacerdotes católicos que nos informaron inmediatamente del secuestro. El mismo día de su secuestro, mi hijo fue trasladado a la cárcel de tortura El Chipote.
Las madres permanecieron fuera de la prisión día y noche, acompañadas por varios sacerdotes. No sabíamos si nuestros hijos estaban vivos o muertos. Fue hasta que el Obispo Rolando José Álvarez llegó a El Chipote y pidió ver a los jóvenes secuestrados, hasta ese momento supe que mi hijo estaba vivo.
El obispo Rolando Álvarez, junto con todo el clero de la Diócesis de Matagalpa, celebró una misa en las afueras del Chipote por la libertad de los secuestrados y por la paz de Nicaragua.
