(KathPress/InfoCatólica) Una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha propuesto una nueva norma que prohibiría a las familias que no apoyan la ideología LGBT adoptar niños de acogida.
Según la Ley de Seguridad Social de 1935, las agencias que colocan a niños en familias de acogida deben proporcionarles «cuidados seguros y apropiados». La Administración de los Estados Unidos para la Infancia y la Familia (ACF), una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha propuesto que las familias de acogida deban cumplir tres criterios para garantizar que los niños que se identifican como LGBTQ reciban una acogida segura y adecuada.
El primer requisito es que la familia de acogida pueda proporcionar un entorno libre de hostilidad, maltrato o abuso. Según la definición de la ACF, esto significa también que no se restrinjan o impidan las oportunidades del menor de expresar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. La ACF también rechaza las llamadas «terapias de conversión».
Las familias de acogida que acogen a niños LGBTQ deben adquirir los conocimientos y habilidades pertinentes para tratar las necesidades del niño en relación con su orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Esto incluye estudiar el impacto del rechazo, la discriminación y la estigmatización en la seguridad y el bienestar de los jóvenes LGBTQI+.
La tercera condición exige que las familias de acogida proporcionen al menor acceso a los recursos, servicios y actividades adecuados a su edad que necesite para su salud y bienestar. Esto incluye mentores, compañeros y grupos de apoyo.
Si se aplica la norma propuesta por la ACF, se espera que cueste más de 40 millones de dólares.
La Federalist Society señala que no tiene en cuenta los derechos de los padres biológicos. Otra deficiencia es que el número de posibles familias de acogida se reducirá en cuanto se aplique la normativa porque, por ejemplo, muchas familias religiosas no cumplirán los criterios. La cuestión es si el reglamento propuesto discrimina a las familias de acogida religiosas, lo que sería jurídicamente problemático.
