(CNA/InfoCatólica) El Fiscal General del Estado, Gentner Drummond, presentó una demanda el mes pasado contra la Junta Estatal de Escuelas Charter Virtuales de Oklahoma, argumentando que el establecimiento de la Escuela Virtual Católica San Isidoro de Sevilla violaba las protecciones de libertad religiosa del estado.
Las escuelas charter son instituciones educativas especiales financiadas públicamente; el Centro Nacional de Recursos para Escuelas Charter define a una «escuela charter» como una «escuela de elección» pública, que sigue siendo «públicamente responsable» mientras mantiene autonomía en su gestión y funcionamiento. O sea, como son la inmensa mayoría de los colegios católicos en España, que se acogen al concierto económico por el cual reciben fondos del Estado.
Una parte puede buscar «intervenir» en una demanda si afirma tener un interés legítimo en la disputa. El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma y el Superintendente Estatal Ryan Walters habían buscado intervenir en la presentación de Drummond, citando el papel del departamento en la administración de la ayuda estatal a la escuela charter. Walters había dicho a principios de este mes que la moción tenía como objetivo «defender el interés del Departamento de Educación en distribuir ayuda estatal sin discriminación religiosa».
La Corte Suprema del estado ha rechazado esta semana esa solicitud. El tribunal dijo que tanto el departamento como Walters podrían «presentar un escrito como 'amici curiae'» en el caso a finales de este mes.
En una decisión separada, el tribunal concedió la solicitud de intervención de San Isidoro, permitiéndole participar en la demanda.
El departamento de educación del estado no ha querido comentar la decisión judicial. San Isidoro tampoco.
Cuando presentó la demanda el mes pasado, Drummond dijo que la aprobación del contrato por parte de la junta de la escuela autónoma «violó la libertad religiosa de todos los habitantes de Oklahoma» al obligar a los residentes del estado a financiar «las enseñanzas de un secta (ndt:grupo) religiosa específica con nuestros impuestos».
«Hoy, los habitantes de Oklahoma están siendo obligados a financiar el catolicismo», dijo Drummond en ese momento. «Debido al precedente legal creado por las acciones de la junta, mañana podríamos ser forzados a financiar enseñanzas musulmanas radicales como la ley Sharia».
La demanda del fiscal general llegó después de otra demanda presentada por varios residentes del estado y grupos de interés para bloquear el patrocinio y financiamiento de la escuela autónoma católica.
La junta de la escuela autónoma había aprobado la creación de la escuela católica en junio de este año; en octubre, la junta aprobó el contrato de la escuela.
El mes pasado, después de la demanda de Drummond, la escuela dijo a CNA que son «optimistas sobre que el tribunal vea esta demanda como lo que es: un intento infundado de aplicar exactamente el tipo de discriminación religiosa que la Corte Suprema ha dejado claro que prohíbe la Primera Enmienda».
«Esperamos que la demanda se resuelva rápidamente para que San Isidoro pueda enfocarse en su misión crítica de abrir la puerta a una oportunidad de aprendizaje nueva e innovadora para aquellas familias y niños más necesitados», dijo la escuela.
