(InfoCatólica) El martes 7 de noviembre hubo novedades en el caso Cuatrecasas-Martínez vinculadas al extraño proceso canónico que podría terminar con la Santa Sede denunciada por violación de los Derechos Humanos.
Por un lado el profesor acusado, y que mantiene su inocencia, ha publicado en su blog una carta enviada al Santo Padre que se ha negado hasta ahora a recibirle mientras que sí lo ha hecho con la otra parte. La carta vuelve a incidir sobre preocupantes e injustificados abusos y que pone en tela de juicio los procesos seguidos por la Iglesia.
El profesor, sometido a «pena de telediario» sin juicio, apunta a dos creíbles objetivos con este juicio que tienen que ver no con él, más bien con la institución a la que pertenece: el Opus Dei. Por un lado, afirma el profesor, se quiere que la Prelatura le expulse y por otro, fundamentalmente, el objetivo económico, que pague.
El Tribunal Supremo en su día demostró con contundencia que no se habían confrontado rigurosamente los testimonios periciales presentados por la defensa y la acusación:
«es un ejercicio de voluntarismo incompatible con el canon constitucional de valoración probatoria»
Hay que tener en cuenta que el profesor acusado es un laico. Aunque dado el actual marasmo canónico y los precedentes, lo mismo le declaran «religioso retroactivo».
En este proceso más que la culpabilidad están en juego las garantías procesales y el mínimo respeto a la justicia para cualquier fiel, que podrán ser sometidos a procesos arbiratrios y espúreos.
También Religión Confidencial (RConf) revelaba que el próximo día 13 de noviembre, en el Seminario de Pamplona, se reanudará el proceso canónico contra el exprofesor de Gaztelueta José María Martínez, una vez que el juez delegado, José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín, haya aceptado a la letrada María Guzmán como abogada defensora del encausado en sustitución del anterior abogado, que no tenía la calificación de rotal.
Asumido por el Santo Padre
Según RConf el reinicio del juicio no ha estado exento de problemas, entre otras razones porque, en el Decreto de monseñor Satué de fecha del 23 de octubre se acepta a la abogada rotal María Guzmán como abogada defensora de José María Martínez, pero no se contempla que, por el hecho de haber cambiado obligadamente la defensa, a instancias de la Signatura Apostólica, se puedan reiniciar determinados procesos y pruebas de defensa judicial.
Además, y ésta parece ser una cuestión sustancial del proceso, que afecta a la razón por la cual supuestamente se ha abierto ahora este juicio canónico, en el Decreto de Satué de 23 de octubre se dice que «cabe recordar que el Santo Padre había asumido a sí mismo el caso el 15 de diciembre de 2014 y, que, en Carta del 4 de julio de 2016, la Congregación para la Doctrina de la fe declaró que consideraba «más prudente y oportuno esperar a la conclusión del proceso penal en curso en el tribunal civil contra el citado laico, antes de iniciar cualquier otra investigación interna de la Iglesia».
Esta afirmación, contenida en el reciente Decreto del Presidente del tribunal canónico, no se colige con lo afirmado en la carta del 9 de octubre del 2015, firmada por el entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la fe, cardenal Luis Ladaria, dirigida a Imanol Goyarrola, director del Colegio Gaztelueta, en la que dice: «teniendo en cuenta que los delitos investigados no han sido probados», en consecuencia, «se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna medida con relación a la citada persona, el 2 de octubre de 2015 ha sido dispuesto 1) que se cierre canónicamente el caso y se restablezca la buena fama del imputado, 2) que el Ordinario del lugar en el que se encuentra el colegio comunique en modo pastoral a los padres del menor denunciante esta decisión conclusiva del caso y 3) que también se informe de ello a la dirección del Colegio».
Preguntas de la defensa
Según informa RConf de la documentación referida se deducen una serie de preguntas que, no sólo se hace la defensa del profesor de Gaztelueta. Si monseñor José Antonio Satué dice que el Papa asumió este caso el 15 de diciembre de 2014, ¿cómo es posible que el cardenal Ladaria envíe una carta el 9 de octubre de 2015, haciendo referencia a un decreto del 2 de octubre de 2015, sin mencionar este dato de diciembre de 2014?
Además, cómo encaja que el cardenal Ladaria deje claro al director del Colegio, el 9 de octubre de 2015, que el caso está canónicamente cerrado «sin que proceda adoptar, ulteriormente, ninguna medida con relación a la citada persona», y que el obispo de Teruel-Albarracín señale que el 4 de julio de 2016 la Congregación para la Doctrina de la fe considera «más prudente y oportuno esperar a la conclusión del proceso penal en curso en el tribunal civil contra el citado laico, antes de iniciar cualquier otra investigación interna de la Iglesia».
¿Acaso Doctrina de la fe hizo esta aseveración última en comunicación al Papa una vez que éste preguntara cómo está este proceso?
Si esa aseveración de Doctrina de la fe lleva fecha de 4 de julio de 2016, ¿cómo es que también se afirma, por parte de monseñor Satué, que el Papa había asumido para sí el caso el 15 de diciembre de 2014?¿No sabía el Papa lo que se había dictaminado el 2 de octubre de 2015?
Preguntas que algún día tendrán su oportuna respuesta según postula RConf.
Carta de José María Martínez
Condenado antes de ser juzgado
Recientemente recibí una comunicación de la Secretaría de Estado Vaticana en la que se me informaba de que no podría entrevistarme con el Santo Padre y de que al terminar el proceso canónico que se me ha abierto --que desde mi punto de vista y el de muchos expertos en derecho es injusto y arbitrario--, se estudiaría esa posibilidad.
Ante la imposibilidad de llegar al Santo Padre, hago pública la carta que le he escrito porque estoy convencido de que, una vez que le llegue mi voz, comprenderá la sinceridad y urgencia de los argumentos que expongo. En la carta expongo mi principal preocupación estas semanas; al parecer, quienes impulsan este proceso están pensando ya en mi posible sentencia: la expulsión del Opus Dei.
Esta es la carta que he enviado al Santo Padre:
Beatísimo Padre:
Soy José María Martínez, exprofesor del colegio Gaztelueta, situado cerca de Bilbao (España). Le envió esta carta abierta ante la imposibilidad de entrevistarme con usted tras dos peticiones por escrito. Estoy convencido de que, si le llega este mensaje, atenderá mi ruego.
Como sabe, en 2015 fui objeto de una exhaustiva investigación canónica por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe --absolutamente excepcional, porque el derecho de la Iglesia no contempla esa actuación en relación con los fieles laicos--, que concluyó afirmando mi inocencia en un caso de supuestos abusos sexuales a Juan Cuatrecasas. La resolución, firmada por el cardenal Luis F. Ladaria SJ, entonces secretario de la Congregación, decía textualmente:
«Teniendo en cuenta que los delitos investigados no han sido probados, en consecuencia se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda adoptar ulteriormente ninguna otra medida con relación a la citada persona».
Después se inició un proceso civil con dos sentencias muy distintas: la primera, de la Audiencia Provincial de Bizkaia, me condenó a once años de cárcel. La segunda, del Tribunal Supremo español, que no tuvo acceso más que a la documentación del caso y a la sentencia previa, a dos; esta rectificación tan llamativa como excepcional impidió que fuera a prisión por unos hechos que no había cometido.
Posteriormente, en agosto de 2022 se inició un nuevo proceso canónico contra mí por alguna razón que desconozco. La tesis más probable --por lo que he oído a unos y a otros-- es que, en la preparación de un programa de televisión en el que participaron usted, Jordi Évole, Juan Cuatrecasas y varios jóvenes más, a usted le conmovió el testimonio --conmovedor, pero falso-- de su interlocutor y decidió abrir de nuevo el proceso. Comenzó entonces un itinerario --entiendo que guiado por sus asesores en derecho canónico-- con patentes irregularidades jurídicas, contrarias a los más elementales derechos humanos: aplicación retroactiva de una ley penal, filtraciones a la prensa previas a las comunicaciones oficiales, o el hecho de que quien abre el proceso recibe a una de las partes y no a la otra, por citar sólo algunas.
Acabo de recibir una comunicación de la Secretaría de Estado del Vaticano en la que se me informa de que no consideran oportuno que hable con usted, algo que solicité por carta hace unos meses. No entiendo por qué a la otra parte se la recibe y se la escucha y yo no tengo ese derecho; por qué no puedo defenderme en igualdad de condiciones. Le escribo esta carta porque estoy seguro de que una injusticia tan grande no le puede dejar indiferente (si realmente estas líneas llegan a su conocimiento).
He dicho y siempre diré que soy inocente. Así lo han testimoniado también diversas personas de indudable honradez, tanto del ámbito civil como del eclesial. Me he defendido, he presentado recursos canónicos que solo se han respondido parcialmente (o no se han respondido) y desde la Signatura Apostólica en Roma se ha destituido a mis abogados, en los que vengo confiando plenamente desde hace mucho tiempo… ¡y después de que los aceptara el delegado papal, don José Antonio Satué al inicio del procedimiento! Ahora el delegado me ha citado para, según dice, retomar el proceso. Me cuesta comprender por qué --hasta donde yo sé-- soy el único fiel laico del mundo al que la Iglesia juzga retroactivamente por un caso de abusos. Querría saber si voy a seguir siendo el único.
Me hubiese gustado decirle esto de palabra, pero no ha sido posible. No me fío de que las personas que le asesoran en esta cuestión le hagan llegar mi carta, porque lo que hasta ahora he visto de su comportamiento refleja una completa parcialidad a la vez que una evidente falta de valentía, pero no quiero dejar de intentarlo. Espero que alguna persona cercana y leal a usted y con verdadero amor a la Iglesia le muestre este escrito mío, y le ayude así a evitar una injusticia tan descomunal.
No me queda más remedio que recurrir de este modo a su Santidad después de denunciar que el delegado es parcial, y de que eso no parezca importar a quienes manejan los hilos del proceso. De hecho, la última noticia que me ha llegado por diversas fuentes y que veo refrendada por la última comunicación de la Signatura Apostólica a través de su delegado, es demoledora: ¡antes de que comience el juicio ya se conoce la pena que me quieren imponer quienes están impulsando más directamente este caso! Por diversos cauces que otras veces han acertado me ha llegado que se va a proponer que yo sea expulsado del Opus Dei y que Juan Cuatrecasas sea indemnizado con una elevada suma de dinero.
¿Comprende, santo Padre, que no entienda nada, que esté infinitamente decepcionado e indignado ante tantas injusticias y arbitrariedades? ¿Comprende la necesidad que tengo de hablar con usted? ¿Por qué no tengo yo los mismos derechos que la otra parte? ¿Por qué estoy condenado antes de comenzar el proceso? Insisto en que, como laico, no debería ser juzgado por las instancias eclesiásticas que lo están haciendo pero, además, le suplico que alguien me explique por qué yo --que no he cometido ningún delito-- voy a ser expulsado del Opus Dei mientras que tantos otros católicos, culpables, con abusos a decenas de niños, no son obligados a abandonar sus diócesis o las instituciones a las que pertenecen.
Permítame que le diga, Santo Padre, que desde el principio de su pontificado he seguido con atención sus escritos y su ejemplo. Me conmovió su primer viaje a Lampedusa para mostrar su afecto a los inmigrantes. Me atraen mucho sus mensajes de misericordia y comprensión, su afán por hacer llegar el mensaje de Jesucristo a todas las gentes. He rezado y rezo por usted. En este momento tan duro para mí, acudo al Espíritu Santo para que le ilumine. Solo usted puede parar este despropósito y decidir con verdadera imparcialidad.
