(NCR/InfoCatólica) El fiscal general del estado, el republicano Gentner Drummond, anunció la demanda en un comunicado de prensa publicado en su página web el 20 de octubre. Presentó la impugnación ante el Tribunal Supremo del Estado de Oklahoma.
El Consejo de la Escuela Virtual Concertada del Estado de Oklahoma había aprobado a principios de este mes el contrato de la Escuela Católica Virtual San Isidoro de Sevilla. La junta había aprobado en junio la solicitud de la escuela, con la aprobación del contrato de este mes despejando otro obstáculo para la apertura de la escuela prevista para el próximo año.
Las escuelas concertadas son instituciones educativas especiales financiadas con fondos públicos; el National Charter School Resource Center define una «escuela concertada» como una «escuela de elección» pública, que sigue siendo «públicamente responsable» al tiempo que conserva la autonomía en la forma en que se dirige y gestiona.
En su comunicado de prensa, Drummond dijo que la aprobación del contrato «violaba la libertad religiosa de todos los habitantes de Oklahoma» al obligar a los residentes del estado a financiar «las enseñanzas de un culto religioso específica con el dinero de nuestros impuestos.»
«Hoy, los habitantes de Oklahoma están siendo obligados a financiar el catolicismo», dijo Drummond. «Debido al precedente legal creado por las acciones de la junta, mañana podríamos vernos obligados a financiar enseñanzas musulmanas radicales como la ley Sharia».
La demanda de Drummond argumenta que las leyes y regulaciones estatales «prohíben estrictamente el patrocinio de una escuela virtual chárter sectaria».
En la demanda, Drummond se declara «obligado a presentar la demanda para proteger la libertad religiosa e impedir el tipo de religión financiada por el Estado que los redactores de la Constitución de Oklahoma y los fundadores de nuestro país trataron de impedir».
La oficina del fiscal general argumentó además que el estado corre el riesgo de perder más de 1.000 millones de dólares del gobierno federal destinados a la educación. Esos fondos están supeditados al «cumplimiento de las leyes aplicables» relativas a los establecimientos religiosos.
La escuela concertada «viola claramente la Cláusula de Establecimiento y debe ser detenida», afirma la demanda. Pide al tribunal que «corrija las acciones ilegales de la junta».
