(C-Fam/InfoCatólica) Los grupos afirman que «la profesora de derecho estadounidense Sarah Cleveland trató de imponer nuevos derechos humanos que nunca fueron contemplados por las naciones soberanas, incluso en materia de aborto y transexualidad», en una petición enviada a www.stopsarahcleveland.com.
Sus decisiones como miembro del tribunal más poderoso del mundo irán mucho más allá de la Corte Internacional de Justicia, advierte la petición. Explica que «tribunales y activistas de todo el mundo las citarán como jurisprudencia vinculante».
«Cleveland abusó de su posición como experta en derechos humanos para promover políticas sociales controvertidas como si fueran derechos humanos internacionales, incluidos el aborto, el matrimonio homosexual y la transexualidad», reza la petición. Esto se considera muy controvertido porque estas ideas no se mencionan en ninguna parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el tratado del que ella era responsable de supervisar. La petición afirma que Cleveland promueve la noción de que los tratados internacionales son «instrumentos vivos» y que los expertos internacionales pueden crear nuevas obligaciones en materia de derechos humanos a través de informes no vinculantes.
Los grupos provida también acusan a Cleveland de utilizar sus cargos para «presionar directamente» a los gobiernos para que deroguen las protecciones a los no nacidos en sus legislaciones nacionales y de atacar a los países con leyes y políticas pro-familia «en declaraciones a la prensa». En definitiva, Cleveland ha suscitado polémica en más de una ocasión por su activismo abortista.
Los grupos acusan a Cleveland de atacar «con saña» a su colega en el Comité de Derechos Humanos, el embajador Ahmed Amin Fathalla, por limitarse a expresar la opinión de que el aborto no es un derecho humano internacional. El conocido jurista y diplomático egipcio es también candidato a la Corte Internacional de Justicia este año.
Más recientemente, el nombramiento de Cleveland como abogada de alto rango del Departamento de Estado fue retirado por estas polémicas. Su nombramiento fue anulado debido a las preocupaciones sobre su activismo judicial en materia de aborto como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU y sus opiniones globalistas sobre el derecho internacional. Cleveland sostiene que los presidentes estadounidenses deberían utilizar órdenes ejecutivas para aplicar y apoyar tratados que no han sido aprobados para su ratificación por el Senado de Estados Unidos, entre ellos la Corte Penal Internacional y varios tratados de derechos humanos.
Cleveland, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia, es una de las artífices del enfoque del gobierno estadounidense en materia de derechos humanos durante los últimos treinta años. Ocupó varios puestos de asesoramiento en el Departamento de Estado de Estados Unidos antes de convertirse en miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU. En un documento publicado poco antes de su nombramiento para la Corte Internacional de Justicia, titulado «Una agenda de derechos humanos para la administración Biden», Cleveland esbozaba muchas de las políticas de la actual administración estadounidense, entre ellas pagar abortos con fondos de los contribuyentes estadounidenses, negar el derecho de conciencia a los proveedores de servicios sanitarios que se oponen a practicar abortos, exigir a las compañías de seguros médicos que paguen medicamentos y cirugías para transexuales. Todo esto, argumenta Cleveland en su documento, debe hacerse en nombre de la protección de los derechos humanos.
Está previsto que las elecciones de los nuevos miembros del Tribunal Internacional de Justicia se celebren el 9 de noviembre simultáneamente en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, mediante votación secreta.
