(LifeNews/InfoCatólica) Tres defensores provida más han sido declarados culpables de violar una ley federal que protege los centros abortistas y ahora se enfrentan a la posibilidad de 11 años de prisión.
Un total de 10 defensores provida se enfrentan a los cargos penales federales después de que fueran detenidos y acusados de violar presuntamente la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE) en 2020 en la Washington Surgi-Clinic de Washington, DC. Se trata de un centro de abortos tardíos sospechoso de infringir la ley federal al practicar abortos de nacimiento parcial y permitir ilegalmente la muerte de bebés nacidos vivos tras abortos fallidos.
Los tres podrían pasar una década en prisión por rescatar a bebés del aborto, mientras la administración Biden continúa su sesgado respaldo a una ley federal que persigue a los estadounidenses provida que protestan contra los negocios abortistas. Se enfrentan a cargos federales después de que rezaran y cantaran himnos en el exterior de un centro abortista en Washington D.C. y después entraran para impedir que se produjeran abortos.
La Ley FACE (Freedom of Access to Clinic Entrances) prohíbe a las personas intentar herir, intimidar o interferir (mediante el uso de la fuerza, amenaza de fuerza u obstrucción física) con cualquier persona que obtenga o realice un aborto.
Jonathan Darnel, de Arlington (Virginia); Jean Marshall, de Kingston (Massachusetts); y Joan Bell, de Montague (Nueva Jersey), están acusados de violar la ley. La acusación en el caso dice que el 22 de octubre de 2020, 10 individuos «conspiraron entre sí y con otros conocidos y desconocidos para obstruir el acceso» a la Washington Surgi-Clinic en Washington, DC.
«El propósito de la conspiración era crear un bloqueo para impedir que la clínica prestara servicios de salud reproductiva y que los pacientes los obtuvieran», alega la acusación.
Un vídeo del rescate muestra a los defensores de la vida rezando y cantando en el interior del centro abortista y negándose a salir para que los abortos pudieran acabar con la vida de los niños no nacidos.
Hoy, los tres han sido declarados culpables.
Una defensora provida afirma que los cargos son erróneos porque las protestas no eran violentas.
Caroline Taylor Smith, directora ejecutiva de PAAU dijo a LifeNews: «Esta extralimitación de poder y autoridad por el DOJ de Biden es atroz y debe ser detenida. Las acciones provida no violentas no deberían ser un delito federal, y las personas pacíficas con el deseo de salvar vidas no deberían ser encarceladas durante más de una década. Algunos de estos Salvadores podrían enfrentarse a la muerte por encarcelamiento. Debemos derogar la Ley FACE ahora».
Jonathan Darnel, uno de los cuatro estadounidenses provida que Biden tiene en el punto de mira en este segundo juicio, se declaró inocente de los cargos.
«Definitivamente no soy culpable de los cargos que se me imputan, lo cual es bastante irónico que me encuentre en esta situación», declaró Darnel a Fox News Digital en una entrevista. «No obstante, si un jurado me declara culpable de FACE aunque sea erróneamente, sería un honor porque los niños son dignos de protección».
Otra defensora provida criticó al gobierno de Biden por aplicar selectivamente la ley FACE, que está diseñada para proteger no sólo a los centros abortistas sino también a los centros de embarazo provida. Dijo que Biden se dirige a los estadounidenses provida mientras prácticamente ignora casi 100 ataques contra centros de embarazo.
Paulette Harlow, de 73 años, también una de las acusadas que se enfrentan a juicio, dijo a Fox News Digital que «no estaba sorprendida» por el veredicto de la semana pasada.
«Porque el juicio fue muy, muy tendencioso», dijo. «Y tratar de etiquetarlos [a los acusados] como violentos, o a cualquiera de las personas provida como violentos es muy, muy falso, y sólo pretende apartar a la gente de lo que estamos tratando de hacer. Y lo que intentamos hacer es salvar vidas».
La juez Colleen Kollar-Kotelly, nominada por Clinton y que presidió el juicio anterior, supervisará también éste. No permitió que el vídeo se utilizara como prueba. También prohibió a los acusados argumentar que sus acciones estaban protegidas por la Primera Enmienda o que se cometieron en defensa de una tercera persona, los niños no nacidos.
El abogado de los defensores de la vida espera el mismo resultado en el segundo juicio, dada la parcialidad del primero.
