(CatholicHerald/InfoCatólica) El pasado jueves 7 de septiembre, la Corte Suprema de México emitió una decisión unánime en la que declaró inválidas ciertas disposiciones de una legislación vigente en el estado norteño de Coahuila. Esta ley imponía condenas de hasta tres años de cárcel a mujeres que interrumpieran su embarazo.
Expertos y observadores señalan que la resolución del tribunal establece un importante precedente y probablemente allane el camino hacia la despenalización a nivel nacional. Además, la sentencia también revocó las sanciones penales que afectaban a los profesionales de la salud que proporcionaban servicios de interrupción del embarazo.
Según declaró la magistrada Norma Piña Hernández, la moción aprobada «concluye que no existen razones públicas con sustento científico que permitan equiparar al embrión con una persona con derechos».
Y explicó también que: «Prohibir el aborto en estas circunstancias (…) implica dar un valor excesivo al interés del Estado en proteger el desarrollo del embarazo frente al intenso impacto que representa para la autonomía de las mujeres llevar un embarazo no deseado cuando no existen las condiciones vitales para hacerlo adecuadamente».
Una vez cerrada la corte, la Conferencia Episcopal Mexicana publicó en su cuenta de X (Twitter): «Quienes estamos convencidos del valor de la vida no necesitamos una ley asesina como la que se está aprobando… Esperamos que su opción por la vida no esté condicionada por una ideología, sino que esté motivada por la fe, la esperanza y el amor».
Unos días antes, el padre Jesús José Herrera Quiñonez, obispo de Nuevo Casas Grandes, había compartido un comunicado en el que dijo lo siguiente:
«Recordamos que la dignidad humana y los derechos fundamentales no son cuestión de votos, sino de reconocimiento y respeto».
«Recordamos que el ser humano, hijo de un padre y una madre, cuya vida comienza en el momento de la concepción, debe ser reconocido en su dignidad en todas las etapas de la vida y merece la misma protección de la ley frente a acciones que puedan amenazar su integridad».
El fallo del tribunal en México, que cuenta con la segunda mayor población católica del mundo, sigue la tendencia hacia la despenalización del aborto que se ha estado viendo en Latinoamérica. En los últimos años, mujeres de toda la región han salido a las calles para manifestarse en temas relacionados con la violencia de género y la disponibilidad del aborto.
En diciembre de 2020, Argentina aprobó la legalización del aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. Por su parte, la Ciudad de México despenalizó el aborto en 2007, una medida que fue respaldada por la Corte Suprema al año siguiente, y desde entonces, tres de los 32 estados de México han adoptado una postura similar. Sin embargo, es importante destacar que más de la mitad de los estados mexicanos han promulgado prohibiciones constitucionales del aborto.
Se anticipa que el tribunal analizará un caso en septiembre relacionado con la constitucionalidad de una ley en el estado de Sinaloa que protege la vida desde el momento de la concepción.
La Suprema Corte de Justicia previamente dictaminó la constitucionalidad de la ley en la Ciudad de México, basándose en el principio de que los estados tienen la facultad de establecer políticas de salud locales, según lo explicado por Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información sobre Opciones Reproductivas, una organización no gubernamental.
En esta ocasión, Ramos señaló que el tribunal ha profundizado en la cuestión y ha emitido un pronunciamiento sobre asuntos relacionados con el derecho al acceso al aborto.
El magistrado Luis María Aguilar, cuya propuesta de despenalización fue objeto de debate en el tribunal, expresó: «Nunca más una mujer o una persona en gestación debe ser perseguida penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa sobre las personas que deciden interrumpir libremente su embarazo».
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha promovido activamente la despenalización del aborto, argumentando que otros asuntos tienen prioridad en su agenda. Sin embargo, es importante destacar que miembros de su partido, Morena, han respaldado proyectos legislativos de despenalización en los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz desde 2019. En su conferencia de prensa del 7 de septiembre, no dijo un solo comentario sobre el caso judicial en cuestión.
Bárbara González, una analista política con sede en Monterrey, destacó: «Tenemos magistrados de la Suprema Corte, que son más liberales, (y) un movimiento feminista amplio y activo». Agregó que los jueces están buscando ganar apoyo público al tomar estas decisiones, al mismo tiempo que buscan demostrar independencia frente a las acusaciones de que son susceptibles a las presiones del presidente.
En cuanto a las opiniones sobre el aborto en México, las encuestas muestran una clara división generacional, con una ligera mayoría de personas menores de 50 años a favor de la despenalización. Según una encuesta realizada por el periódico El Financiero, el 53% de los mexicanos se oponen a la despenalización, mientras que el 45% la respaldan.
