(ACIPrensa/InfoCatólica) El gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas firmes al anular los visados de 100 miembros del régimen autoritario en Nicaragua, además de urgir la pronta liberación del obispo Rolando Álvarez. Este último, detenido sin justificación desde febrero pasado, ha sido objeto de la atención y presión internacional.
Anthony Blinken, el Secretario de Estado, declaró a través de su cuenta oficial de X el día de ayer que el gobierno «ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a 100 funcionarios nicaragüenses que restringen los derechos humanos de los nicaragüenses y socavan la democracia».
E informó: «Hacemos un llamado al régimen para que libere incondicionalmente y de inmediato a Monseñor Álvarez y a todos los injustamente detenidos».
Horas después se difundió un comunicado en el que el Departamento de Estado explicó que dichas medidas fueron tomadas como una «rendición de cuentas por los incesantes ataques del régimen de Ortega-Murillo a las libertades civiles».
Asimismo, indican que cada uno de los 100 funcionarios a quienes pertenecen las visas revocadas trabajan en los municipios nicaragüenses y fueron directamente responsables de la represión «a las organizaciones de la sociedad civil» y de clausurar injustamente espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana.
Además de ello, los culpa de haber sido cómplices en el encarcelamiento injusto «de personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluido el Obispo Rolando Álvarez».
«Seguiremos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua, y seguimos comprometidos con la promoción de las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos», agrega Blinken.
En el inicio de agosto de 2022 la situación de hostigamiento hacia Mons. Álvarez experimentó una escalada. Consecuentemente, el líder religioso se vio forzado a vivir un episodio de secuestro domiciliario, permaneciendo confinado en su residencia episcopal durante un lapso de 14 días.
El 19 de agosto de ese mismo año, agentes policiales cercaron la residencia episcopal y procedieron a trasladar por la fuerza a Mons. Álvarez a la ciudad de Managua. Allí, se vio sometido a arresto domiciliario hasta el 10 de febrero, fecha en la que fue sentenciado a 26 años de prisión bajo el cargo de «traición a la patria». Adicionalmente, le fue retirada de manera perpetua su condición de ciudadano con sus respectivos derechos.
A comienzos de julio, salió a la luz que las conversaciones entre la Iglesia y el régimen dictatorial con el objetivo de liberar y expulsar a Mons. Álvarez terminaron en fracaso.
Hace una semana, el congresista estadounidense del partido Republicano, Chris Smith, instó al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a presentar pruebas ante la comunidad internacional sobre la situación actual del Mons. Álvarez y a permitir que la Cruz Roja realice una evaluación de su estado de salud.
