(Aica/InfoCatólica) En Argentina, se practicó un total de 73.487 abortos en el año 2021 y 96.664 en el 2022 según datos oficiales proporcionados por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, datos que han encendido la preocupación dentro de la Corporación de Abogados Católicos, quienes consideran que estos números han llegado a límites «alarmantes» y que representan «una tragedia moral y demográfica gravísima», principalmente en una nación donde «la matanza de niños por nacer alcanza ya al 20% del total de los nacimientos producidos anualmente».
Es por esto que los abogados católicos exigen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «habilite en forma urgente el tratamiento de los numerosos planteos de inconstitucionalidad contra la referida ley por violar el esencial y básico derecho a la vida», declaración firmada por Pedro Andereggen, presidente de la corporación y Carlos Mosso, secretario.
La declaración dice:
«La Corporación de Abogados Católicos pone en conocimiento de la opinión pública los datos oficiales, emanados de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la Ley de acceso a la información pública, según los que, por aplicación de la Ley 27.610 -mal denominada de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo-, se realizaron en todo el territorio nacional, 73.487 abortos durante el año 2021 y 96.664 abortos en el transcurso del año 2022. Cada una de estas alarmantes cifras pone de manifiesto una gravísima tragedia moral y demográfica para nuestro país, porque la matanza de niños por nacer alcanza ya al veinte por ciento del total de los nacimientos producidos anualmente en la República Argentina.
Corresponde por ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilite en forma urgente el tratamiento de los numerosos planteos de inconstitucionalidad contra la referida ley por violar el esencial y básico derecho a la vida, los que vienen siendo sistemáticamente trabados por el Ministerio de Salud de la Nación a través de óbices formales frustrantes de la finalidad de tutela de los procesos iniciados, máxime ante la claridad de la Ley 26.061 “DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” que en forma expresa “habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces”.
Por otro lado, según una reciente encuesta de opinión de la UBA , la mayoría de la población -59 %- no tiene una posición favorable al aborto voluntario, circunstancia que demuestra también la ilegitimidad política de la ley, impuesta por razones ideológicas y de oportunismo partidario -cuando no merced a espurias negociaciones y presiones- en pleno aislamiento durante la pandemia de COVID-19, lo que amerita que desde los distintos sectores políticos se proponga la derogación inmediata de esta injusta ley para frenar esta masiva y sangrienta masacre de seres humanos inocentes e indefensos».
Puede encontrar más información en el sitio web de la corporación: www.abogadoscatolicos.org.ar
