(Aica/InfoCatólica) «Hemos decidido crear una Comisión Nacional de Escucha y una Comisión Nacional de Investigación que determinen responsabilidades y visibilicen lo sucedido. Simultáneamente trabajaremos para prevenir y así brindar a las familias la certeza de que los niños y jóvenes estarán seguros en ambientes de la Iglesia», dice el documento emitido por la CEB.
Los obispos reunidos en Cochabamba manifestaron que, si bien existen avances en la creación de protocolos y códigos de conducta, así como la capacitación y formación de agentes pastorales que atiendan y escuchen denuncias, «reconocemos que es insuficiente y no hemos dado la respuesta a nuestros fieles y a la sociedad en general».
El secretario General de la CEB, monseñor Giovani Arana, dio lectura al documento, producto de la visita de monseñor Jordi Bertomeu Farnós, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, un especialista en acompañar temas de abuso sexual al interior de la Iglesia.
En su documento «La prevención y lucha contra el abuso a menores nos compromete a todos», señalan que la Iglesia atraviesa un «momento doloroso», pero no porque esté sufriendo ataques y amenazas, sino porque «tenemos la certeza de haber sido parte, directa o indirectamente, de un dolor profundo causado a personas inocentes que han sido víctimas de abuso sexual y de un manejo insuficiente de la situación, frente a una realidad, que es verdaderamente difícil de entender».
Dirigiéndose a las víctimas, a sus familias y a la comunidad eclesial señalaron que en vez de otorgarles la protección y cuidado que merecían, se encontraron con una «Iglesia sorda a sus sufrimientos». Ya que el abuso sexual es contrario a la esencia de la Iglesia.
«Sabemos que no hay forma de compensar el daño causado, pero nos comprometemos a hacer todo lo posible para acompañar y procurar una reparación, con apoyo de profesionales que brinden asistencia y ayuden a sanar heridas y cicatrices», se lee en el documento.
Asimismo, la CEB señala que hace algunos años vienen trabajando en temas de prevención para crear ambientes sanos y seguros para que los niños, niñas y jóvenes puedan realizar sus actividades con la certeza de que nadie les causará daño; y las acciones orientadas a sancionar los delitos que sucedieron, procurando la justicia que tanta falta hace a las víctimas.
Comprometieron transparencia en el trabajo de las comisiones ante la opinión pública. Pidieron a las personas que sufrieron o tengan conocimiento de algún hecho de abuso sexual acuda a los centros habilitados para recibir sus denuncias, y al mismo tiempo lo hagan ante las autoridades públicas.
Expresaron su compromiso con el Ministerio Público, la Policía y el Órgano Judicial de coadyuvar con la investigación de los hechos denunciados para el esclarecimiento, además de la administración transparente de la justicia.
En las últimas semanas se ha tenido conocimiento de muchos casos de abusos a menores, especialmente a manos de sacerdotes jesuitas. El gobierno boliviano ha pedido a la Santa Sede que no envíe misioneros sin antes investigar bien sus antecedentes.
Concretamente, una investigación publicada el 29 de abril por el periódico español El País, titulada «Diario de un sacerdote pedófilo», reveló que el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas Moreno, fallecido en 2009, había abusado de hasta 85 menores según su propio diario descubierto por un sobrino entre sus pertenencias personales.
Según el testimonio del sobrino, el diario también revela una red de encubrimientos, ya que indica que al menos siete superiores y una docena de clérigos eran conscientes de lo que estaba ocurriendo.
