(InfoCatólica) El presidente del Frente Nacional de la Familia en México, Rodrigo Iván Cortes, es un reconocido activista provida que mueve grandes masas en México por la causa de la defensa de la vida, sin embargo, al realizar este tipo de actividades y ejercer tanta influencia, también se mantiene observado por personas de poder que se oponen a sus ideales.
El individuo fue objeto de un proceso legal instigado por un parlamentario, quien en septiembre de 2022 presentó su iniciativa legislativa a favor de los derechos LGBTI mientras se vestía como un obispo católico, acción que, aparentemente, no significó un problema ni una ofensa para la mayoría de la población mexicana, puesto que no sucedió nada más allá en esa experiencia.
En aquella ocasión, Rodrigo Cortés había realizado una denuncia señalando que la iniciativa legislativa presentada por el diputado era en sí una seria transgresión de los derechos de libertad de expresión y libertad religiosa, dado que permitía sancionar la difusión de la enseñanza cristiana al etiquetarla como «discurso de odio».
Sin embargo, el diputado sí logró presentar una denuncia contra Cortés, alegando que algunos de sus mensajes en Twitter y Facebook violaban su derecho a ser reconocido como mujer y constituían una negación de su identidad, ya que se refería a él como hombre y utilizaba pronombres masculinos.
En febrero pasado, la Cámara Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal de México determinó que estos mensajes efectivamente constituían formas de violencia digital, simbólica, psicológica y sexual contra el diputado. Como resultado, se impuso una multa a Cortés y a su asociación, además de exigirles que publiquen un extracto de la sentencia en sus redes sociales.
La resolución fue impugnada por Cortés y actualmente está pendiente la decisión de la máxima autoridad en materia electoral del país, la Cámara Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Se espera el fallo definitivo.
En anticipación a ello, Cortés, en colaboración con juristas de la Alliance Defending Freedom International, ha decidido presentar una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa del derecho a la libertad de expresión. De esta manera, se está preparando el terreno para un posible recurso en caso de que la sentencia sea desfavorable y ratifique el fallo de primera instancia.
