(LSN/InfoCatólica) La ley HB 2789 «adopta la Declaración de Derechos de las Bibliotecas de la Asociación Americana de Bibliotecas que indica que los materiales no deben ser prohibidos o retirados debido a la desaprobación partidista o doctrinal o, como alternativa, elabora una declaración escrita declarando la autoridad inherente de la biblioteca o sistema de bibliotecas para» reunir una colección diversa de material y «prohibir la práctica de prohibir libros o recursos específicos».
Toda biblioteca o sistema de bibliotecas que no adopte la declaración de derechos de la ALA o una política equivalente contra la retirada de material no podrá optar a las subvenciones estatales previstas en el proyecto de ley, que ha sido aprobado por ambas cámaras de la legislatura de Illinois y se espera que sea promulgado por el gobernador demócrata J.B. Pritzker.
La Declaración de Derechos de las Bibliotecas de la ALA afirma que los libros y otros materiales de las bibliotecas «no deben ser excluidos por el origen, la procedencia o las opiniones de quienes contribuyen a su creación» o «por desaprobación partidista o doctrinal» y que «el derecho de una persona a utilizar una biblioteca no debe ser denegado o restringido por motivos de origen, edad, procedencia u opiniones».
Una nota al final de la página reconoce que «surgen preguntas sobre la aplicación de estos principios a prácticas bibliotecarias específicas». La declaración de la ALA sobre cómo se aplican estos principios al acceso de los menores a los materiales indica que el grupo, y por extensión cualquier instalación que adopte formalmente sus normas, no permite ninguna restricción basada en la edad para acceder a determinados contenidos.
«El acceso equitativo a todos los recursos y servicios de la biblioteca no debe verse restringido en función de la edad cronológica, la madurez aparente, el nivel educativo, las habilidades de alfabetización, el estatus legal o mediante políticas restrictivas de programación y uso», afirma el grupo, y las preocupaciones sobre ese acceso deben gestionarse exclusivamente en función de cómo los padres «aconsejen» a sus propios hijos. «Las bibliotecas y los órganos de gobierno de las bibliotecas no deberían utilizar los sistemas de clasificación para inhibir el acceso de un menor a los materiales».
En todo el país ha estallado en los últimos años la polémica sobre la adopción en escuelas y bibliotecas de libros que intentan exponer a los niños temas y actividades sexuales, a menudo con detalles gráficos e imágenes pornográficas que representan actos sexuales concretos. La conservadora Young America's Foundation señala que un ejemplo de ello puede encontrarse en Dixon, Illinois, donde la biblioteca pública tenía un libro que representaba actos sexuales entre niños.
La cuestión, junto con la promoción de mensajes ideológicos en la educación financiada por los contribuyentes, ha alimentado una reacción de los padres a la que se atribuyen las victorias republicanas en estados como Florida y Virginia, cuyos gobernadores actuales han desempeñado un papel destacado en la lucha contra la corrupción de menores desde el ámbito público.
