(LifeNews/InfoCatólica) Tras la controversia en EE.UU en torno a la venta de bebés abortados y partes del cuerpo de bebés abortados por parte de las empresas abortistas de Planned Parenthood, el entonces gobernador de Indiana, Mike Pence, promulgó una ley que establece que los bebés abortados deben ser enterrados o incinerados.
Dicha ley, aprobada años antes de que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade, ayudaría a detener el tipo de venta de bebés abortados y partes de sus cuerpos por parte de Planned Parenthood. Aunque la sentencia Roe v. Wade impedía a los estados prohibir los abortos, los defensores de la vida en Indiana creían que el bebé abortado debía al menos ser tratado con respeto. Pero Planned Parenthood interpuso una demanda para impedir que se aplicara la ley y la misma acabó llegando al Supremo
Ayer la Corte Surpema ha permitido que Indiana aplique la ley. El tribunal emitió una orden sin firma -es decir,sin ninguna oposición- rechazando la demanda de los proabortistas. Los impugnadores argumentaban que la ley de Indiana violaba sus derechos constitucionales y alegaban que los bebés no nacidos no son personas.
La Corte Suprema ya había respaldado la ley en 2019, antes de que la sentencia del caso Dobbs cambiara el panorama jurídico del aborto. En ese momento, dictaminó que los estados tenían un interés legítimo en cómo se eliminaban los restos humanos después de los abortos. El tribunal no explicó su decisión de ayer de no volver a considerar el caso.
El presidente de Indiana Right to Life, Mike Fichter, aplaudió la decisión en comentarios a LifeNews.
«Cada bebé asesinado por aborto en Indiana debería recibir la dignidad del entierro o la cremación. Antes de que se aprobara esta ley, los bebés abortados eran tratados como residuos médicos comunes, arrojados a vertederos e incluso a los sistemas de alcantarillado. En primer lugar, nunca se les debería haber arrebatado la vida, y hasta que el aborto termine en nuestro estado, al menos debemos dar a estos bebés su dignidad final»
Fichter añadió:
«Esperamos que la sentencia de hoy del Tribunal Supremo sea el final del camino para las impugnaciones obstruccionistas de las empresas abortistas de Indiana. Hacemos un llamamiento al Departamento de Salud de Indiana para que confirme mediante inspecciones que todas las empresas abortistas autorizadas de Indiana cumplen la ley de disposición final humanitaria de Indiana. Si se descubre que alguna empresa abortista incumple la ley, sus licencias deben ser revocadas inmediatamente.»
Un tribunal federal de distrito aprobó la impugnación y falló a favor de los defensores del aborto, pero en noviembre de 2022 el Tribunal de Circuito de Apelaciones de EE.UU. para el 7º Circuito invalidó ese fallo y restableció la ley.
El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, luchó por la ley en los tribunales, argumentando que «los bebés no nacidos son más que meros residuos médicos».
«Son seres humanos que merecen la dignidad de la cremación o el entierro», dijo Rokita tras el fallo del tribunal de apelaciones. «La decisión del tribunal de apelaciones es una victoria para la decencia básica».
La ley de restos fetales abortados (SEA 329), establece normas sobre cómo los centros abortistas deben deshacerse de los bebés abortados y permite a la mujer embarazada elegir un método diferente a su cargo (es decir, el entierro). Como revelaron los testimonios, el centro de Planned Parenthood de Indianápolis se deshacía de los bebés abortados por un desagüe en el sistema de alcantarillado, el Departamento de Salud del Estado de Indiana (ISDH) puso en marcha normas de eliminación de emergencia, pero quedaron bloqueadas hasta hoy.
La ley garantiza que todos los centros sanitarios, incluidas las clínicas abortistas, se deshacen adecuadamente de los cadáveres de los bebés abortados.
La consejera principal de Alliance Defending Freedom, Denise Burke, comentó el caso:
«La ley de Indiana ayuda a garantizar que los bebés nonatos fallecidos reciban un entierro adecuado, una ley que el Tribunal Supremo ha confirmado. Trágicamente, muchos estados no garantizan que los cuerpos de los niños que han abortado o han nacido muertos sean tratados con dignidad. Los niños no nacidos no deben ser eliminados como »residuos médicos« cuando mueren antes de nacer, independientemente de que su muerte sea espontánea, accidental o inducida. Además, los cuerpos rotos de los bebés abortados no deben ser explotados para la experimentación científica. Desde las terribles revelaciones de 2015 de que Planned Parenthood recolectaba y vendía partes del cuerpo de bebés abortados -incluidos cerebros, corazones, hígados, pulmones y tejido muscular- se ha hecho evidente que esto debe abordarse en la legislación estatal. No debe existir ningún incentivo ni oportunidad innecesaria para una explotación tan horripilante».
«Esta ley crea normas sobre cómo deshacerse adecuadamente de los restos fetales abortados», afirma la senadora estatal Liz Brown (republicana de Fort Wayne), patrocinadora de la ley:
«Establecer normas aporta respeto a la mujer, al personal del abortorio y al niño abortado. Estas normas exigen que el centro se deshaga de los restos del bebé adecuadamente, a menos que la mujer decida enterrarlo. Los Hoosiers (ndr: apodo para los ciudadanos de Indiana) quieren que su gobierno garantice que los cuerpos de los bebés abortados sean tratados con dignidad y esta ley lo consigue.»
