(Asia News/InfoCatólica) Los informantes serán recompensados con 600-1.200 yuanes (81-162 euros) por denunciar «actividades religiosas ilegales». Así lo decidió la administración de asuntos religiosos de Zhumadian (Henan) en un acta fechada el 13 de marzo, que se hizo pública en los últimos días.
No es la primera vez que las autoridades locales animan a los delatores a reprimir a las comunidades religiosas que consideran que no se ajustan a los dictados del Partido Comunista Chino (PCC) y, por tanto, son vistas como una amenaza para la estabilidad social. Situaciones de este tipo se produjeron en Heilongjiang y Shandong en 2021, y en Fujian, Guangxi, Hebei, Liaoning y otra vez en Henan en 2019.
El municipio de Zhumadian anima a la «participación pública» en la lucha contra los actos ilegales en el ámbito de la religión. Sobre todo, pide a los posibles espías que aporten «materiales audiovisuales que puedan probar los hechos denunciados».
El decreto municipal no hace referencia a ninguna religión en particular. Sin embargo, el 10% de los católicos chinos viven en Henan. Como en Fujian, la Iglesia local no oficial (clandestina), que no reconoce a los organismos religiosos bajo control del Partido, es muy fuerte.
Recientemente, las autoridades de la provincia establecieron la obligación de que los creyentes de todos los credos se registren para poder asistir a los servicios religiosos, lo que se aplica tanto a las iglesias y mezquitas como a los templos budistas.
Cabe mencionar que desde hace casi dos años la policía local detiene ilegalmente (sin condena ni cargos) al obispo Joseph Zhang Weizhu de Xinxiang. El Acuerdo sino-vaticano sobre el nombramiento de obispos, firmado en 2018, y renovado en octubre de 2020 y 2022, no ha frenado la persecución de los católicos, especialmente de aquellos no oficiales.
Luego están los testimonios que AsiaNews ha recogido a lo largo de los años, con casos en Henan de cruces destruidas y arrancadas; dísticos religiosos de buenos deseos tapados o eliminados; chantajes a familias pobres que tuvieron que destruir imágenes sagradas en sus casas para recibir subsidios.
Todo ello forma parte de la política de Xi Jinping de «sinicización» de las religiones, en un clima de creciente opresión contra las religiones, como se puso de manifiesto durante la reciente sesión anual de la Asamblea Nacional Popular.
El régimen inició oficialmente el proceso en 2015. El 1 de junio de 2022 entraron en vigor las Medidas para la gestión financiera de centros religiosos«. Poco antes, en marzo, fue el turno de las »Medidas administrativas para los servicios de información religiosa en Internet«: ya no es posible llevar a cabo actividades religiosas online en China sin obtener previamente la autorización del gobierno.
En febrero del año pasado, la Administración Estatal de Asuntos Religiosos había hecho públicas las «Medidas Administrativas para el Personal Religioso», un documento sobre la gestión del clero, monjes, sacerdotes, obispos, etc. En febrero de 2018, el Partido había adoptado en cambio las «Nuevas Regulaciones sobre Actividades Religiosas», según las cuales el personal religioso solo puede desempeñar sus funciones si se afilia a organizaciones 'oficiales' y se somete al PCC.
