(Asia News/InfoCatólica) La administración de la institución, propiedad del Estado ucraniano, había ordenado a todos los miembros de la UPZ que abandonaran el territorio monástico antes del 29 de marzo por la rescisión de su contrato. Así lo afirmaba un aviso emitido por el director general, Aleksandr Rudnik, que se publicó también en el sitio web oficial de la Lavra, aunque luego lo eliminaron.
La carta recordaba que el acuerdo estaba en vigor desde 2013 para el uso gratuito de los edificios de la iglesia y otras instalaciones asociadas a ellos. Rudnik citaba a continuación las conclusiones del grupo de trabajo interministerial, y una carta del Ministerio de Cultura fechada el 9 de marzo en la que se afirmaba que la comunidad de monjes habría violado las condiciones de uso de la propiedad estatal. También se mencionaba el decreto del Presidente ucraniano Zelensky por el que se aplican sanciones personales a los representantes de todas las asociaciones religiosas vinculadas a Rusia.
Desde el Patriarcado de Moscú llegó una serie de acusaciones comparando a los políticos ucranianos con los «funcionarios soviéticos de los años sesenta» y protestando por la inexistencia de verdaderas razones jurídicas para el desalojo, que sólo está vinculado a las «distorsionadas manías» de los dirigentes ucranianos. Así lo declaró el presidente del Departamento Sinodal de Cultura de la Iglesia rusa, el metropolita Kliment.
El Patriarca Kirill apeló incluso al Papa Francisco y al Secretario General de la ONU, Guterres, para que «impidan la caza de los monjes» de la Lavra. También recordó la gran «unidad de los pueblos ruso, ucraniano y bielorruso», que tienen su origen común en Kiev, y que «se puede encontrar esculpida en los muros del Monasterio de las Cuevas».
El ministro de Cultura de Kiev, Aleksandr Tkacenko, respondió a las acusaciones y a las protestas callejeras participando en un programa de televisión, donde se retractó respecto al ultimátum y aseguró que «los monjes podrán permanecer en el Lavra, bajo ciertas condiciones, y en cualquier caso no habrá ninguna acción de fuerza contra los monjes». La decisión de renovar o no el acuerdo, según el ministro, «permitirá a los monjes decidir cómo desean permanecer en el Lavra».
Tkacenko dijo que había hablado personalmente con todos, incluidos varios sacerdotes que se han pasado de la Iglesia de la UPZ a la Iglesia autocéfala ucraniana del PZU, que están trabajando para obtener esa condición también para los monjes. «En cualquier caso, no obligaremos a nadie, somos un país democrático», concluyó el ministro. Según Kiev, si se retira la jurisdicción moscovita, todos los monjes religiosos presentes podrán seguir viviendo y celebrando según sus propias tradiciones, bajo el control y la protección del Estado ucraniano.
El monasterio de las Cuevas de Kiev es la institución monástica más antigua de la ortodoxia rusa, y data de mediados del siglo XI, bajo el principado de Jaroslav el Sabio, hijo del príncipe-bautista Vladimir el Grande. Según la tradición, el primer ermitaño Antonij eligió una cueva cerca del río Dnipro al volver a casa después de años de experiencia monástica en el monte Athos, y a su alrededor otros ascetas ocuparon las cuevas adyacentes. Finalmente, se eligió entre ellos al monje Feodosij, que unió a todos en la gran comunidad que se extiende desde la colina de Kiev por el camino de las cuevas hasta el río.
Incluso después de que los tártaros destruyeran la ciudad en 1240, los monjes permanecieron en las cuevas hasta el periodo soviético, cuando Moscú convirtió el Lavra en un museo. Con la caída de la URSS, la administración quedó en manos del Estado ucraniano, y monjes de todas las jurisdicciones ortodoxas encontraron un lugar en las celdas monásticas bajo la dirección oficial de los clérigos del Patriarcado de Moscú. Después de tantas divisiones y conflictos, en medio de la sangrienta invasión rusa, el destino del Gran Lavra se erige como una profecía del futuro de Rusia y Ucrania.
