(Agencias/InfoCatólica) Según el texto de la enmienda presentada por el grupo socialista en el Senado, las administraciones públicas «garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de la ley de la reforma del aborto y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente».
También, se indica que las «intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica»
El PSOE busca que el Partido Popular se manifieste públicamente con su voto a una enmienda que impediría, de ser finalmente aprobada, una medida como la que propuso Juan García Gallardo (Vox), vicepresidente de Castilla y León, y que finalmente fue abortada antes de ver la luz por decisión del presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco (PP)