(EP/InfoCatólica) Para obtener este dato, el informe considera el importe de 500 euros, como cifra media de referencia del coste de cada práctica. No obstante, tiene en cuenta que aunque el 88 por ciento de ellos se lleva a cabo antes de las doce primeras semanas de gestación, en el doce por ciento de casos restantes, el precio puede dispararse hasta superar los 600 ó 700 euros. "Creemos que la sociedad necesita conocer las cifras reales, porque sólo cuando tiene información se moviliza de verdad", apuntó Del Fresno.
En este sentido, la investigación recoge los nombres de los 43 empresarios que "se lucran con del negocio del aborto, entre otras actividades" y aporta información sobre su ámbito de actuación, las clínicas o centros a los que están ligados; así como sobre el resto de líneas de negocio preferentes que sigue cada uno de ellos. "En el boletín oficial del registro mercantil hay evidencias que relacionan la industria cosmética con la del aborto", insinuó el presidente del instituto autor del informe.
"Si, una vez que conozca esta información, el Gobierno decide mirar hacia otro lado, denunciaremos el fraude ante la Justicia", advirtió el presidente de la confederación de padres, Luis Carbonel. Asimismo, pidió a la Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que "intervenga en el asunto y obligue a estos empresarios a declarar sus negocios, algo especialmente necesario en tiempos de crisis". "Si el Ejecutivo no interviene será cómplice del delito", añadió.
Igualmente, subrayó la "alarma social" que produce a estas organizaciones el hecho de que, sabiendo que se practican el doble de abortos de los que oficialmente se reconoce y el fraude fiscal que generan esos ingresos no declarados, "el Estado no lo investigue y actúe como si le pareciera normal". "Nosotros ya lo hemos denunciado públicamente, ahora esperamos una respuesta contundente por su parte", señaló.
"La manifestación más numerosa de la democracia"
Por otra parte, para el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, la de mañana "será la manifestación más numerosa e importante de la historia de la Democracia". Sin embargo, aclaró que los grupos convocantes no han permitido que "ninguna formación política u organización aparte se adhiera". "Se trata de un acto de la sociedad civil, al que invitamos a los 48 millones de españoles". A pesar de ello, recordó que los políticos que vayan "tendrán que ser luego coherentes en el Parlamento".
Finalmente, los ponentes recalcaron que la solución ante el "grave" incremento de interrupciones de embarazos, que cifran en un aumento del diez por ciento al año desde su despenalización en 1985, "es proteger penalmente al no nacido, juzgando y condenando a los empresarios que se lucran de ello, pero no así a las madres, a quienes habrá de dotar de los recursos necesarios para que consideren que "siempre hay vías alternativas al aborto".
