(InfoCatólica) «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?»es un informe de 235 páginas que presenta de forma documentada un total de 396 ataques contra los católicos en Nicaragua, desde abril de 2018 hasta octubre de 2022. Contiene un registro detallado de los sacrilegios, atentados, robos, amenazas, discursos de odio, encarcelamientos y destierros de sacerdotes producidos por la persecución gubernamental.
La autora del informe es Martha Patricia Molina, Máster en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca (España), miembro del consejo editorial del diario nicaragüense La Prensa, y autora del estudio «38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se practican en las cárceles de Nicaragua».
El Dr. Humberto Belli, escritor y político nicaragüense que fue ministro de educación del gobierno de Violeta Chamorro, escribe en el prólogo que «estas páginas veraces y tristes no son solo para ser leídas sino para mover a todos los cristianos y católicos, de dentro y fuera de Nicaragua, a estrujar sus mentes en oración (…) [a fin de] encontrar las formas más efectivas de ayudar a quienes hoy padecen la persecución más fuerte que ha sufrido jamás la Iglesia Católica nicaragüense".
Según el informe, en 2022 se registró un récord de agresiones del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua. De las 396 agresiones registradas, 127 ocurrieron este año (hasta octubre). «Los ataques a la Iglesia se van incrementando, y esto se debe a que la Iglesia como institución es el último bastión que ha quedado en la lucha cívica en Nicaragua y la dictadura la está viendo como una amenaza, porque los sacerdotes y obispos siguen denunciando las arbitrariedades que se están cometiendo», explica Molina.
Molina señala que desde 2018, cuando se produjeron multitudinarias manifestaciones de protesta contra el régimen de Ortega, hasta 2021 hubo un descenso del número de agresiones. Sin embargo, en 2022 se registró un aumento inédito, que lo convirtió en el peor año para la Iglesia Católica en el país.
La investigadora considera como hechos comprobados de agresión los informados por los medios de comunicación. Estos hechos incluyen, entre otras cosas, pintadas ofensivas en los templos, profanaciones, insultos, amenazas de muerte, ataques armados, encarcelamientos, destierros de sacerdotes y prohibiciones de actividades religiosas.
Una de las agresiones registradas más impresionantes es el ataque con ácido sulfúrico que sufrió el sacerdote Mario Guevara mientras atendía confesiones en la Catedral de Managua, el 5 de diciembre de 2018. Dice Molina: «Para mí fue el hecho más dolorosos porque es un sacerdote que conozco personalmente y que fui a visitar en su situación de gravedad. Vi como quedó dañado todo su rostro, los brazos y las piernas». Este año hubo un cambio en el tipo de agresiones. «La forma en que ellos están atacando es diferente. Antes estaban más enfocados en los robos, las profanaciones, las pintadas y ahora se están enfocando en los procesos penales, los cierres de los medios de comunicación y los organismos sin fines de lucro católicos», dice Molina.
El exilio de religiosos es una de las represalias más comunes del régimen. El informe de Molina registra 11 religiosos exiliados. Uno de ellos es el Obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez. Otros dos son el sacerdote Luis Carrillo, expulsado del país el 16 de octubre de 2020, y el Nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, expulsado el 6 de marzo de 2022. A otros ocho sacerdotes se les impidió entrar a Nicaragua y a otro se le impide salir del país.
Han sido encarcelados siete sacerdotes, dos seminaristas y un diácono. Dos de los sacerdotes ya cumplen condenas impuestas por un juez. «A todos se les han vulnerado las garantías constitucionales y del debido proceso», anota el informe de Molina.
Varios sacerdotes han sido encarcelados en la cárcel de torturas conocida como El Chipote. La dictadura también ha cerrado medios de comunicación católicos y ha expulsado del país a diversas organizaciones católicas, como la congregación de las Misioneras de la Caridad, fundadas por la Madre Teresa de Calcuta.
El documento presenta testimonios de algunos sacerdotes encarcelados y posteriormente expulsados del país. «Vos vas a salir de aquí hoy, y quiero que le des gracias al comandante (Daniel Ortega) y la compañera (Rosario Murillo), pues ellos respetan a los sacerdotes. Porque si por mí fuera saldrías de aquí en una bolsa negra», le dijo un policía a un sacerdote que pidió el anonimato. «Luego de eso me dijo: 'tomá tu pasaporte'. Abrió la puerta y lo lanzó al suelo. Yo lo recogí. Entonces, me gritó: 'Cuando regresés, si es que sucede, ya sabés que de aquí salís de dos formas: o en una bolsa o directo a la cárcel».
El informe clasifica como «secuestrado» al Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra desaparecido desde hace meses, luego que la policía allanara el Palacio Episcopal de Matagalpa, donde vivía, y se lo llevara a Managua bajo «retención domiciliar», una figura que no existe en el Código Penal de Nicaragua. Desde entonces se desconoce su paradero. La Fiscalía no ha iniciado un proceso judicial contra el obispo. El Arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, visitó a Álvarez y se limitó a declarar que «está bien», sin especificar dónde se encuentra ni las condiciones de su retención.
Molina indica que el número de agresiones a la Iglesia Católica en Nicaragua podría ser mayor al registrado porque muchos religiosos optan por no denunciar. «La mayoría de los sacerdotes y obispos están optando por el silencio y las denuncias se hacen públicas cuando la presión social lo exige. Conozco robos, profanaciones y amenazas en contra de sacerdotes que ellos han optado por no denunciarlas y han pedido que no se incluyan en este informe. Tengo que respetar eso».
El mes pasado la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un «Mensaje de Adviento 2022″ en el que expresa su alegría por «la recuperación creciente de la presencialidad en nuestras actividades pastorales» y su preocupación por «el acontecer social, político y económico de nuestra patria», sin mencionar las agresiones a la Iglesia ni el caso de Monseñor Álvarez, cuya firma debía estar al final del mensaje, junto a la de los otros obispos.
«Me preocupa el silencio de la Conferencia Episcopal. Yo, como católica, quisiera ver a una Conferencia Episcopal más activa denunciando todas las arbitrariedades en contra de la Iglesia Católica y que llamen las cosas por su nombre», dice la investigadora Molina. Sin embargo, afirma que: «Esta prudencia [con la que está actuando la Conferencia Episcopal] está justificada porque quien debería ser el garante y protector de los derechos humanos es precisamente quien los está vulnerando y en este momento la Iglesia se está enfrentando con una dictadura nefasta, asesina y criminal».
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomendó en su reporte anual 2022 «mantener a Nicaragua en la lista especial de vigilancia del Departamento de Estado de los Estados Unidos por cometer o tolerar violaciones graves de la libertad religiosa de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional que vigila el derecho universal a la libertad religiosa o de culto en el exterior». También aboga por «imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del gobierno de Nicaragua responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones mediante el congelamiento de los activos de esas personas y/o la prohibición de su entrada a los Estados Unidos».
Con información de Infobae y Aciprensa.
