(Fides/InfoCatólica) «Conversión sin consentimiento» («Conversion without Consent»): este es el título del informe presentado el lunes, 11 de diciembre, por la ONG pakistaní «Voice for Justice» en colaboración con la ONG internacional «Jubilee Campaign».
El informe, al que ha tenido acceso la Agencia Fides, toma en consideración 100 casos de secuestros, conversiones forzadas, matrimonios forzados y precoces de niñas y mujeres pertenecientes a la comunidad cristiana en todo Pakistán, ocurridos en el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2019 y octubre de 2022. Según los datos, el año 2021 registró 42 casos y mostró un aumento en el número de casos notificados formalmente en 2019 (hubo 27 casos) y 2020 (12 casos). Los datos muestran que el mayor número de casos totales, el 86%, se registra sólo en la provincia de Punjab.
El presidente de Voice for Justice, Joseph Jansen, afirma que «es habitual aprovecharse de una posición de poder para incitar a personas marginadas a convertirse, lo que equivale a coacción». El derecho a la libertad religiosa no protege contra el «proselitismo indebido», es decir, el ofrecimiento de ventajas materiales o sociales o la aplicación de presiones indebidas para conseguir nuevos adeptos, un fenómeno que afecta a los ciudadanos más vulnerables y a las niñas.
«El fenómeno de las conversiones forzadas revela la incapacidad del Estado para aplicar y hacer cumplir las leyes vigentes destinadas a impedir los secuestros, los matrimonios precoces y los matrimonios forzados, especialmente cuando las víctimas proceden de comunidades religiosas minoritarias», añade. Para ello, no deben abandonarse las denuncias de conversiones religiosas forzosas, sino que debe introducirse una ley que castigue este delito y lo prevenga, de acuerdo con las normas de derechos humanos.
El informe «Conversión sin consentimiento» recoge en particular los casos de algunos menores cristianos como Zarvia Parvaiz, Saba Nadeem, Chashman Kanwal y Sunaina James, víctimas de conversiones forzadas de fe.
- Zarvia Parvaiz reveló que había sido «drogada, violada, golpeada con un palo, quemada con cigarrillos».
- Del mismo modo, Saba Nadeem declaró que «fue secuestrada y violada, y el agresor tomó su huella digital en el certificado de matrimonio y conversión por la fuerza contra su libre voluntad».
Estas historias dan testimonio del trato inhumano al que se somete a las niñas y mujeres secuestradas, con impunidad generalizada. El informe muestra que el 61% de las niñas fueron secuestradas antes de cumplir los 16 años, pero a menudo se falsifica su edad para evitar la condena penal de sus secuestradores.
En Pakistán, «se necesitan medidas legales y administrativas para reforzar el Estado de derecho, hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, luchar contra la impunidad y garantizar las libertades fundamentales para todos sin discriminación», señala Mons. Indrias Rehmat, obispo católico de Faisalabad. Ante los recientes casos noticiosos en los que se sigue atentando contra la dignidad humana y abusando de los derechos fundamentales, el Obispo recuerda que «la intolerancia hacia cualquier grupo social o comunidad daña a toda la sociedad y socava los valores universales de igualdad y dignidad humana». El reciente Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el 10 de diciembre para conmemorar la 74ª Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU - subraya Mons. Rehmat en una nota enviada a la Agencia Fides - debe hacernos reflexionar sobre el compromiso común en Pakistán para promover la cohesión social: «Los líderes de opinión, incluidos los líderes religiosos y los profesores, deben adoptar narrativas positivas para contrarrestar la intolerancia, la incitación al odio y la violencia, promoviendo entre los niños y los jóvenes el respeto por la diversidad dentro de sus respectivas comunidades y entre ellas», afirma.
Con motivo del Día Mundial, «Voice for Justice» organizó en Karachi una conferencia titulada «Dignidad, libertad y justicia para todos». Participando en la reunión, Shazia George, ex miembro de la Comisión del Punjab sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, recordó algunos datos del Global Gender Gap Report 2022, publicado por el «Foro Económico Mundial»: de 146 países encuestados, Pakistán ocupa el puesto 145 en participación económica de la mujer, el 135 en nivel de educación, el 143 en salud y supervivencia de la mujer y el 95 en empoderamiento político de la mujer. Shazia argumentó que en Pakistán persisten los matrimonios precoces y forzados, que repercuten negativamente en la educación, la salud y el desarrollo de las niñas. «El gobierno -exhortó- debe aprobar un proyecto de ley que garantice que la edad mínima para contraer matrimonio se fije en 18 años, tanto para los niños como para las niñas, como en la provincia de Sindh, y que se declare legalmente inadmisible el matrimonio de menores de edad». Además pidió más esfuerzos para eliminar las formas graves de discriminación en la vida social, económica y pública y para promover el desarrollo socioeconómico y la participación política de los grupos marginados.
Según datos de la Comisión de Punjab sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, hay un aumento general de la violencia contra las mujeres: en 2021 se denunciaron 9.734 casos en la provincia de Punjab, de los cuales 4.598 fueron violaciones, 1.415 casos de violencia doméstica, 34 quemaduras con ácido y 197 asesinatos por «crímenes de honor». La violencia contra las mujeres, con el pretexto de conversiones religiosas y matrimonios, sigue sin control y supone una grave amenaza para el derecho a la libertad religiosa, señala la Comisión.
