(Katolisch/InfoCatólica) El domingo, en una reunión parroquial en Ostercappeln, cerca de Osnabrück, y ante un centenar de oyentes, Bode, vicepresidente de la Conferencia Episcopal alemana, admitió que se había roto la confianza entre muchos de sus colaboradores y él mismo. Dijo que no era fácil curar esto.
Porque toda forma de abuso es también un abuso de poder, dijo el obispo, hay que aclarar los antecedentes sistémicos. Por ello, volvió a defender la vía sinodal de la Iglesia católica en Alemania. Por eso también quiere reforzar el papel de las mujeres no sólo en la administración de la Iglesia, sino también en la atención pastoral, y confiarles la administración del bautismo.
Apertura de la profesión sacerdotal a los hombres casados
Para ello, en Semana Santa se pondrá en marcha un proyecto de formación de laicos para administrar el bautismo. Sobre todo, las mujeres a tiempo completo y las voluntarias deben ser formadas en las parroquias y luego encargadas de administrar el bautismo. Esta práctica podría introducirse en 2025, según Bode. Al mismo tiempo, abogó por la apertura de la profesión sacerdotal a los hombres casados, también con profesión civil.
El motivo de la reunión parroquial fue la irritación y las protestas en el pueblo después de que se conociera el nombre de un sacerdote que había trabajado allí durante muchos años, a pesar del informe provisional anónimo de la Universidad de Osnabrück sobre la violencia sexualizada en la diócesis. Los trabajadores a tiempo completo y los voluntarios criticaron a la dirección de la diócesis por no informarles de que el hombre había sido acusado. Se le acusa de haber iniciado y mantenido una relación sexual con un joven menor de edad a mediados de la década de 1980.
Poco después de la publicación del estudio en septiembre, los representantes de la diócesis ya tuvieron que enfrentarse a las preguntas y al descontento del equipo pastoral y de los feligreses en las conversaciones. Bode defendió la reticencia de los dirigentes de la diócesis. Se ha producido un dilema entre la protección de la personalidad del acusado y el interés del público por la transparencia.