(InfoCatólica) Todos los días se producen excarcelaciones o rebajas de pena a delincuentes sexuales desde que el pasado 7 de octubre entró en vigor la nueva ley, que ha eliminado delitos anteriormente tipificados para simplicar todo bajo la condición de agresión sexual. Las penas van en una horquilla progresiva para penar de lo más leve a lo más grave. Al rehacer los tramos, se rebajaron algunos de los mínimos, por ejemplo, en la agresión sexual con penetración, que pasó de los seis a los cuatro años, y algunas de las máximos, como la agresión sexual sin ningún agravante, que paso de cinco a cuatro años.
Estos cambios en el Código Penal obligan a aceptar las revisiones de condena que soliciten aquellos reos que se puedan ver beneficiados, tal y como marca la Constitución y el propio Código Penal en su artículo 2.2:
«...tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo».
Lo ocurrido no es ninguna sorpresa porque ya fue advertido por el Consejo General del Poder Judicial y expertos en la materia en sus informes previos a la aprobación de la ley.
Uno de los casos más llamativos es el de un profesor de inglés encarcelado por abusar de menores de edad de más de 16 años. Su delito ha desaparecido con la nueva ley ya ha sido puesto en libertad. La audiencia Provincial de Madrid ha rebajado de ocho años y nueve meses a seis años y nueve meses el tiempo en prisión de un hombre que violó a una pequeña de 12 años y de ocho a seis a otro que hizo lo mismo con su hijastra de 14 años. La cascada de casos similares es imparable.
La reacción de Irene Montero, la principal responsable, junto con el presidente del Gobierno que aceptó esta ley y los diputados que la votaron, ha sido arremeter contra los jueces, a los que ha acusado de misóginos. Su partido, Podemos, los ha tildado de fachas.
Las dos asociaciones mayoritarias de jueces han pedido la dimisión de la minista. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha emitido un comunicado en el que expresa su «más enérgico rechazo» a «las descalificaciones» de la ministra de Igualdad y otros responsables de ese departamento. También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), de carácter moderado y segunda con más jueces asociados, ha reclamado la salida de Montero del Gobierno:
«La AJFV exige que la Ministra doña Irene Montero asuma, con su dimisión, la responsabilidad política que le incumbe por trasladar, desde el Gobierno de la nación, el mensaje de que 'jueces machistas', deliberadamente, están beneficiando a personas condenadas por la comisión de delitos contra la libertad sexual, atribuyendo una aplicación torticera de la Ley en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la carrera judicial».
En sentido parecido se han manifestado desde Juezas y jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente. Y de igual formas, las dos principales asociaciones de fiscales en España, la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales, han condenado las palabras de la ministra.
Diputados aplaudiendo la ley que pone en libertad a delincuentes sexuales
