(InfoCatólica) Ayer, jueves 25 de agosto, entró en vigor la ley de Texas que prohíbe los abortos en el estado norteamericano. Esta ley supone un gran golpe para las posturas abortistas, que hasta hace poco parecían invulnerables en Estados Unidos, y ha suscitado multitud de manifestaciones, protestas y artículos en contra. Los grupos provida, en cambio, están de enhorabuena.
Ya anteriormente, desde hace casi un año, Texas se había convertido en un estado pionero en la causa provida, al prohibir los abortos de todos los niños no nacidos cuyo latido del corazón se pudiese detectar. Esa condición tan específica fue el modo encontrado para imponer todas las restricciones posibles al aborto, sorteando la famosa sentencia Roe contra Wade, que consagraba un derecho implícito constitucional al aborto. De esta forma, durante el último año, los abortos realizados en Texas se redujeron a menos de la mitad.
Tras la nueva sentencia del Tribunal Constitucional que derogó Roe contra Wade, han comenzado a aplicarse automáticamente otras leyes más estrictas aún contra el aborto, que ya estaban preparadas en multitud de estados norteamericanos, las llamadas trigger laws. La ley de Texas preparada para esta eventualidad, que acaba de entrar en vigor, es una de las que más defienden al no nacido.
En primer lugar, la ley prohíbe casi todos los abortos, excepto los casos de peligro para la vida de la madre. En segundo lugar, las sanciones para los médicos que realicen abortos o personas que colaboren de otra forma con la realización del aborto se endurecen mucho y, al menos en principio, podrían llegar a la cadena perpetua. En cambio, las madres que cometan un aborto no serán castigadas. Finalmente, se incluyen una serie de mecanismos para evitar que las autoridades locales se salten la ley.
Esta última novedad es especialmente importante en la práctica, ya que algunas ciudades y poblaciones, generalmente las controladas por el partido Demócrata, se jactan de no hacer cumplir las leyes que no les gustan, especialmente las relativas a la inmigración y al aborto. Los fiscales locales de distrito de cinco condados (Bexar, Dallas, Fort Bend, Nueces y Travis) ya han anunciado que no presentarán acusaciones en estos casos. Para evitarlo, la nueva ley establece que el responsable de perseguir este delito será el Fiscal general del Estado de Texas en lugar de las autoridades locales, e incluso prevé la posibilidad de presentar denuncias civiles contra los médicos abortistas si los fiscales locales se niegan a colaborar.
