(Iglesia.cl/Infocatólica) Los obispos empiezan el documento recordando que «el próximo 4 de septiembre de 2022, estamos llamados a aprobar o rechazar el proyecto de una nueva Constitución Política para Chile». Y constatan que «el debate público de estas últimas semanas nos muestra que el texto propuesto no ha concitado una aceptación amplia y transversal. Nos enfrentamos, entonces, a una elección entre dos posiciones fuertemente tensionadas entre sí, lo que hace compleja la decisión de cada ciudadano».
Los obispos señalan en el texto que la Constitución «es una propuesta que nos hace situarnos ante nuestro futuro, con el desafío de discernir si el texto ofrecido nos dota o no de un marco social y jurídico adecuado, para edificar la paz, la solidaridad y la justicia en nuestra patria, asegurando el funcionamiento institucional que lo haga posible y permita encauzar las demandas de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables».
Enfatizan, además, que es necesario un discernimiento informado y un voto en conciencia, poniendo siempre por delante el bien común del país, y llaman a cumplir con el deber cívico de ir a votar.
Junto con lo anterior, señalan que, el nuevo texto constitucional «requiere un razonamiento pausado y bien informado, que permita hacer una adecuada valoración ética. Es decir, discernir en conciencia si se respeta y promueve la dignidad del ser humano, se contribuye a la realización del bien común y se aplican los otros valores de la enseñanza social que fomentan un orden justo».
Ponen en la balanza las cosas positivas y las negativas
En relación al contenido del proyecto de nueva Constitución política para Chile, sobre la que deberán escoger todos los chilenos el próximo 4 de septiembre, indican que: «apreciamos el texto constitucional en su propuesta sobre los derechos sociales, el medioambiente y el reconocimiento de los pueblos originarios.
«Y hacemos una valoración negativa de las normas que permiten la interrupción del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia, las que restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa. Consideramos de especial gravedad la introducción del aborto, que el texto de propuesta constitucional denomina «derecho a la interrupción voluntaria del embarazo»; cada uno de estos puntos son desarrollados brevemente, con elementos para el discernimiento, en el texto completo.
Al finalizar este texto orientador, los obispos de Chile realizan un especial llamado a «cada ciudadano y ciudadana se comprometa personalmente con el bien común y la justicia, y busque ser artífice de paz en los diversos ambientes en que convive con los demás», sobre todo teniendo en cuenta que, «todo indica que el debate constitucional continuará en el país después del 4 de septiembre, independiente de la opción que triunfe en el plebiscito. Es importante que sea un debate no solo por un texto y las mejores normas, sino por cómo seguimos buscando un desarrollo cada vez más humano e integral para todos, pues «el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día». Por consiguiente, invitamos a que nadie se reste de colaborar en la construcción de un proyecto común».
La única opción católica es votar no
De acuerdo con la doctrina de la Iglesia, un católico no puede apoyar de ninguna forma y menos con su voto, con un texto legal que consagre el aborto. Así lo indica la encíclica Evangelium vitae:
73... En el caso pues de una ley intrínsecamente injusta, como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, « ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto ».
Tampoco puede apoyar con su voto que el reconocimiento legal de las uniones homosexuales se convierta en un derecho constitucional, tal como indicó la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2003:
«En el caso de que en una Asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral».
Y por último, en la exhortación apostólica Sacramentum caritatis, Benedicto XVI advierte que hay principios no negociables que los católicos que ejercen la política –y eso se hace al votar una Constitución– no pueden poner a la misma altura que el resto de valores:
83. el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana- Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29).
