(Asia News/InfoCatólica) El arzobispo maronita procedía de su sede episcopal de Haifa y fue detenido por la Seguridad General en el paso fronterizo de Ras Naqoura, reservado a los clérigos y al cuerpo diplomático. A las 11.30 horas llegó al lugar escoltado, como es habitual, por un destacamento de la Fuerza Internacional de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (FINUL). Allí el obispo fue sometido a largas horas de interrogatorio sobre sus relaciones con la comunidad libanesa que se refugió en Israel tras la retirada del ejército israelí de la franja fronteriza que controlaba hasta mayo de 2000.
Sólo pudo continuar su viaje gracias a la intervención del patriarca maronita y de las más altas autoridades judiciales del país. Aún así, fue citado a comparecer ante el tribunal militar.
Según fuentes confiables, los guardias de Seguridad General confiscaron el pasaporte y el teléfono móvil del prelado, y le prohibieron viajar. Tras un minucioso registro de sus pertenencias, confiscaron el dinero que Moussa el-Hage había recibido de manos de los libaneses refugiados en Israel (unos 485.000 dólares), y una gran cantidad de medicamentos que llevaba para sus familiares en Líbano.
El vehículo donde viajaba el arzobispo fue interceptado en virtud de una orden de detención emitida por el juez de instrucción militar Fadi Akiki. Casado con la sobrina de Nabih Berry, presidente de la Cámara y líder del movimiento Amal, Akiki siguió el interrogatorio desde Beirut, de forma remota. El obispo protestó enérgicamente contra la detención, argumentando que su misión era puramente humanitaria y consistía en permitir que las familias separadas por la guerra se mantuvieran en contacto, con la esperanza de poder volver algún día al país y registrar los nacimientos de sus hijos (un derecho del que están privados, pero que es fundamental para una sucesión).
Tanto el momento como el carácter inédito del caso dan la impresión de que Hezbolá quería enviar un mensaje al patriarca maronita Béchara Raï. Ello causa amargura en la opinión pública, por la instrumentalización de la justicia con fines políticos. En una declaración a la televisión local, el nuncio apostólico en el Líbano, Mons. Josef Spiteri, dijo que el episodio sentaba un precedente «peligroso».
Ayer, el jeque druso Akl Sami Aboul Mouna contactó con el Patriarca Rai para denunciar el incidente. De hecho, una parte importante del dinero confiscado por la Seguridad General estaba destinada a las familias drusas.
Ante la gravedad de los hechos y tras escuchar el testimonio del obispo el-Hage, el Patriarca maronita decidió posponer su respuesta a este incidente sin precedentes, a la espera de la reunión del Sínodo maronita restringido, que se celebra hoy. Para Bkerké, el incidente supone una grave desviación de las normas éticas que siempre han regido las relaciones entre el Estado libanés y la Iglesia maronita, y delata una preocupante deriva en el curso de la justicia. El patriarca maronita también habría pedido al obispo que no respondiera a la citación del tribunal militar.
El incidente tiene todos los visos de ser un asunto eminentemente político, en un contexto en el que el Patriarca maronita multiplica sus críticas a Hezbolá, insistiendo en que el próximo jefe de Estado tenga un perfil «por encima de los partidos». Una condición, ésta, que excluye de la carrera presidencial tanto al jefe del partido Marada, Sleiman Frangié, como al del Movimiento Patriótico Libre, Gebran Bassil, los dos «caballos de batalla» del partido proiraní.
