(Gaceta.es/InfoCatólica) Según se viene observando en los últimos meses, Chile ha tomado poco a poco banderas radicales en cuestiones políticas y morales. Entre dichos movimientos, se encuentra la aprobación de artículos que debilitan la independencia del Poder Judicial, el equilibrio entre parlamento y presidente, y la propiedad privada.
Las ideas que recientemente se han aprobado se someterán a votación popular el próximo 4 de septiembre. A pesar de ello, siguen sorprendiendo lo que aprueban.
El 4 de mayo del año en curso, en el Pleno, la Convención Constitucional chilena aprobó el último inciso sobre el artículo que trata sobre «Derechos sexuales reproductivos», el cual incluía el aborto, nombrándolo como principio constitucional. Además, para ese entonces, no se habían especificado límites de tiempo de gestación para «interrumpir el embarazo».
Posteriormente, se aprobó que «El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos. La ley regulará el ejercicio de estos derechos».
Mas el hecho de que la «ley regule estos derechos» solo significa que serán los gobernantes del momento quienes decidan la semana límite en la que pueden morir los nonatos. De igual forma, se trata de una trampa discursiva, pues regular no es lo mismo que limitar.
Asimismo, otro inciso fue aprobado, ahora del artículo de «Educación Sexual Integral», añadiendo que «todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual», y esto podría generar hipersexualización en niños y jóvenes al implantarles ideologías de sexualidad distorsionadas.
En Chile, han tomado cada vez más espacio y fuerza los movimientos feministas y de género, siendo muy común observar marchas feministas donde los participantes portan sus pañuelos morados (en representación del feminismo) y verdes (en defensa del aborto).
En el año 2017, el gobierno de Bachelet había aprobado el aborto en 3 situaciones específicas: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo producto de una violación. Sin embargo, esta medida no bastó para los movimientos de género y feministas, quienes salieron a las calles a protestar, exigiendo el «aborto legal, seguro y gratuito».