(InfoCatólica) Los cambios en la futura ley implican que en las primeras 14 semanas de embarazo, la mujer podrá decidir que se ponga fin a la vida del hijo que lleva en su seno, aunque el plazo alcanzaría las 22 semanas en caso de grave riesgo para su vida o salud o por malformaciones fetales -como por ejemplo, que padezca síndrome de Down-, e incluso se permitiría abortar hasta el final del embarazo por enfermedades incurables y de extrema gravedad del feto.
El Gobierno pretende "mejorar" también el procedimiento del consentimiento informado de la mujer. Ese punto sería el que podría justificar la constitucionalidad de la nueva ley, pues supuestamente permitiría argumentar jurídicamente que se está intentando salvaguardar la vida del feto, bien jurídico protegido por el ordenamiento, según dictaminó el Constitucional en 1985.
Desde el gobierno se explica que con ello se busca precisar al máximo los requisitos para que quede garantizado que la mujer conoce todos los recursos que el Estado pone a su disposición si quiere ser madre.