(LifeSiteNews/InfoCatólica) El senado estatal de Oregón, controlado por los demócratas, votó el miércoles para obligar a las compañías de seguros del estado a pagar las reclamaciones de aborto, haciendo cumplir de forma permanente un proyecto de ley de 2017 que exige que las aseguradoras médicas brinden servicios de aborto.
El Proyecto de Ley 4034 18–12 de la Cámara de Representantes también otorga a la Autoridad de Salud de Oregón el poder de «implementar servicios de salud reproductiva y programas educativos y proporcionar fondos para servicios de salud reproductiva y educación en este estado» con fondos de los contribuyentes.
El proyecto de ley, que fue aprobado con 18 votos demócratas a favor y 8 votos republicanos en contra, decreta que cualquier «plan de beneficios de salud que se ofrezca en este estado debe brindar cobertura para… exámenes de detección e intervenciones apropiadas para… el aborto», así como «cualquier plan anticonceptivo, medicamento, dispositivo o producto aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos».
Hasta ahora, la Ley de Equidad en Salud Reproductiva de 2017, que requería que los planes de seguros privados «cubran abortos sin costos de bolsillo», estaba sujeta a una cláusula de caducidad obligatoria después de seis años. La nueva HB 4034 exime a la Ley de Equidad en Salud Reproductiva de la regulación de 1985 que proporcionó la cláusula de caducidad automática para las leyes que requieren que las aseguradoras de salud brinden cobertura específica, lo que hace que la ley sea efectiva de forma permanente.
En virtud de la sección 12 del proyecto de ley, se hizo una disposición para que las aseguradoras ofrezcan un plan de beneficios de salud a los empleadores religiosos «que no incluya cobertura para anticonceptivos o procedimientos de aborto que sean contrarios a los principios religiosos del empleador religioso». El asegurador deberá notificar a todos los empleados que pudieran ser afiliados al plan de los servicios no cubiertos como consecuencia del razonamiento religioso del empleador, de acuerdo con la legislación.
Lois Anderson, directora ejecutiva de Oregon Right to Life, criticó que el nuevo proyecto de ley otorgaba «amplia autoridad a burócratas no elegidos e irresponsables para impulsar su agenda a favor del aborto». Señaló «que este proyecto de ley se aceleró en una breve sesión sin diálogo ni debate» y describió el proceso como «aterrador».
Anderson explicó que «los defensores de la vida enviaron miles de correos electrónicos. Los legisladores también recibieron cientos de llamadas», pero los demócratas tardaron en responder a las preocupaciones de sus electores.
«Todavía no sabemos qué se está logrando con la parte de salud reproductiva de este proyecto de ley», advirtió Anderson.
