(CP/InfoCatólica) En una lista de órdenes publicada el lunes, el Tribunal Supremo denegó la petición de una orden de certiorari del Gordon College para que se escuchara la apelación centrada en permitir que el colegio utilizara la «excepción ministerial» para desestimar una demanda presentada por la antigua profesora asociada Margaret DeWeese-Boyd.
El Gordon College fue demandado por DeWeese-Boyd en 2017 por su negativa a promoverla (ndr:darle cargos), supuestamente por su apoyo público al movimiento LGBTI.
Como parte de su defensa, Gordon invocó la excepción ministerial, un principio legal que impide a los gobiernos imponer leyes antidiscriminatorias a las instituciones religiosas y a sus empleados ministeriales.
El juez Samuel Alito fue el autor de una declaración incluida en la lista de órdenes en la que razonaba la decisión de denegar el recurso. A Alito se unieron los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
Alito dijo que aceptó la denegación de la petición en parte porque el caso continuará a través del proceso legal, señalando que «la postura preliminar del litigio complicaría nuestra revisión».
No obstante, Alito expresó su preocupación por el fallo del Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts contra el uso de la excepción ministerial por parte de la universidad en el caso de DeWeese-Boyd, escribiendo que creía que «la comprensión de la educación religiosa por parte del tribunal estatal es preocupante.»
En particular, a Alito le preocupa el argumento del tribunal de que DeWeese-Boyd, en su papel de profesora, no impartió una educación religiosa suficiente que permitiera aplicar la excepción ministerial.
«Esa conclusión refleja una visión preocupante y estrecha de la educación religiosa. Lo que muchas confesiones conciben como 'educación religiosa' incluye mucho más que la instrucción en doctrina o teología explícitamente religiosa», declaró Alito.
«Tengo dudas sobre la comprensión de la educación religiosa por parte del tribunal estatal y, en consecuencia, sobre su aplicación de la excepción ministerial». Estas palabras sugieren la posibilidad de que el caso vuelva a la Corte Suprema.
En su demanda, DeWeese-Boyd, que daba clase para forma trabajadores sociales, acusaba a la escuela de negarse a promocionarla por su defensa de las políticas escolares relacionadas con las personas LGBT y las relaciones sexuales extramatrimoniales.
Su demanda argumentaba que Gordon había cometido «discriminación asociativa y de género» en violación de la Ley de Derechos Civiles del estado, así como la violación del «pacto implícito de buena fe y trato justo».
Una abogada que representa a DeWeese-Boyd argumentó en audiencias anteriores que su cliente enseñaba «todos los temas seculares de trabajo social» y que no se ajustaba al estándar de «deberes religiosos vitales» establecido en la decisión del Tribunal Supremo de 2020 en otro caso de excepción ministerial Nuestra Señora de Guadalupe School v. Morrissey-Berru.
Aunque Gordon intentó desestimar la demanda invocando la excepción ministerial, el juez Jeffrey T. Karp del Tribunal Superior de Massachusetts falló en contra de ese argumento en abril de 2020.
En marzo de 2021, el Tribunal Judicial Superior de Massachusetts confirmó el fallo del tribunal inferior, y el presidente del Tribunal Supremo, Scott L. Kafker, escribió que la causa sería «devuelta para que se lleven a cabo nuevos procedimientos coherentes con esta opinión.»
«En resumen, concluimos que se esperaba y se requería que DeWeese-Boyd fuera una profesora y una eruditacristiano, pero no una ministro. Por lo tanto, la excepción ministerial no puede aplicarse como defensa a sus reclamaciones contra Gordon», escribió Kafker el año pasado.
