(La Razón/InfoCatólica) En declaraciones a La Razón, Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), señaló que «la objeción de conciencia es un derecho constitucional», y lamentó que para la reforma del texto «no se haya contado con la profesión médica, última responsable de la actividad asistencial, para elaborar leyes que nos implican directamente».
En esta línea se manifestó también el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), Manuel Martínez-Sellés, que se preguntaba «cómo pretenden hacer» para que todos los hospitales públicos cuenten con profesionales que garanticen el aborto.
Explicó que los ginecólogos, «por su profesión, están muy acostumbrados a la vida intrauterina, por lo que es muy habitual que sean objetores de conciencia». «Si lo van a preguntar (si están dispuestos a practicar abortos) a la hora de contratar o de renovarles el contrato sería una discriminación, iría contra un derecho recogido en la Constitución y en los códigos deontológicos», subrayó.