(InfoCatólica) Los obispos recuerdan que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, que tiene derecho a la vida. Suprimir ese derecho, como ocurre con la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, «pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho».
Comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana
1. Los obispos católicos de Colombia manifestamos nuestra perplejidad y profundo dolor ante la nota de prensa de la Corte Constitucional del 21 de febrero sobre la «Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006».
2. Reconocemos que, en no pocas ocasiones, la realidad del aborto responde a dramas humanos que acarrean múltiples dificultades y angustias para la madre y su entorno, especialmente cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual o se debe afrontar en condiciones de abandono, exclusión o penuria económica. En estos casos, cuando la mujer es víctima, es razonable que tanto la sociedad civil como el ordenamiento jurídico procuren su defensa y protección.
3. Sin embargo, consideramos que la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo. No se puede ocultar o minimizar el hecho de que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad, quien tiene a su vez el derecho a formar parte de la familia humana. Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución (cf. art. 2. 5. 9), no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida.
4. Ante la vía abierta por la Corte, nos preguntamos entonces si no habrían otros caminos que permitieran salvaguardar la vida de las madres junto con la de sus hijos todavía no nacidos. El problema del aborto no puede limitarse solo a la mujer gestante, sino que reclama la solidaridad de la entera sociedad. Todos los colombianos tenemos el deber constitucional de «obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas» (Constitución política de Colombia, art. 95, 2). Ya que esta virtud permite crear alternativas de bien, allí donde el mal se enarbola como única opción, queremos ser los primeros en ayudar a encontrar la opción buena cuando el aborto parece ser la solución. Lo hacemos en nombre de Aquel que vino a traer vida en abundancia, con la esperanza de que también el Estado, así como todos los compatriotas de buena voluntad, no escatimarán esfuerzos para proteger y promover la vida humana, aun en las circunstancias más complejas.
¡Recurramos todos a esta solidaridad creativa en favor de la vida!
+ Luis José Rueda Aparicio
Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia
Presidente de la Conferencia Episcopal+ Omar Alberto Sánchez Cubillos, OP
Arzobispo de Popayán
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal+ Luis Manuel Alí Herrera
Obispo Auxiliar de Bogotá
Secretario General de la Conferencia Episcopal
