(Asia News/InfoCatólica) Al menos tres civiles murieron a raíz del intenso bombardeo de las fuerzas gubernamentales de Damasco contra un depósito de combustible en la región de Idlib, en el noroeste de Siria, último enclave en manos de grupos rebeldes y yihadistas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido que cuenta con una densa red de corresponsales en la zona, el ataque se llevó a cabo ayer por la tarde en una región predominantemente agrícola y provocó un gran incendio. El objetivo fue una estación de aprovisionamiento de gasoil cerca de la ciudad de Dana, propiedad de una empresa de combustible cercana al grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS, antes Jabhat al-Nusra).
El comercio de combustible y el control de las estaciones petroleras son uno de los factores desencadenantes de la violencia en la zona controlada por los yihadistas, que no perdona ni siquiera a la población civil, incluyendo mujeres y niños. Según informes de al-Monitor, milicianos del HTS dispararon en la cabeza a una mujer por tratar de introducir petróleo crudo de contrabando en Idlib. Una ejecución en regla con todas las características de una advertencia para la población, que desencadenó protestas y nuevos enfrentamientos en los campamentos de desplazados.
La víctima se llamaba Fátima Abdul Rahman al-Hamid, tenía 28 años, era viuda y madre de cuatro hijos, con los que vivía en un centro de acogida: fue asesinada el pasado 10 de febrero cerca del puesto de control de Deir Ballut, en el norte de Idlib. Algunos hombres de Hayat Tahrir al-Sham abrieron fuego cuando Fátima estaba transportando combustible adquirido en una zona controlada por el Ejército Nacional Sirio (SNA). Los yihadistas de la ex al-Nusra que vigilan el área de Idlib han prohibido sacar combustible fuera de las zonas rebeldes del SNA, y consideran el comercio del mismo como una «operación de contrabando» que debe ser castigada con todos los medios. Sin embargo, el tráfico es uno de los pocos recursos de que disponen los civiles para ganar pequeñas cantidades de dinero (menos de un euro por noche), con un riesgo muy grande de ser descubiertos y ejecutados.
Los milicianos del HTS han reforzado el control militar y la hegemonía sobre los civiles en Idlib imponiendo lo que denominan «Gobierno de Salvación de Siria», que controla los puntos de tránsito y la economía de la zona además de tener el monopolio de los bienes, desde alimentos hasta combustible. El grupo yihadista -haciendo un amplio uso de la violencia- impone precios y establece cánones e impuestos a los empresarios, mientras las condiciones de vida de la población empeoran cada vez más y la tasa de desempleo alcanza niveles sin precedentes.
Tras la muerte de la mujer, los habitantes del centro de Atmeh atacaron los puestos de control de al-Nusra e incendiaron las tiendas y casas rodantes de los milicianos quienes, en respuesta, llevaron a cabo varias incursiones, atacando a civiles y refugiados y arrestando a algunos. Entre ellos se encuentra un activista que estaba documentando la violencia que provocó lesiones a un niño. «Aquí en Atmeh -contó a al-Monitor un refugiado llamado Abu Ahmed - mi familia está compuesta por cinco personas. Estamos sobreviviendo gracias a una pequeña canasta de alimentos que recibimos (de organizaciones benéficas) todos los meses, pero nunca alcanza. ... Juntamos leña en el monte para calentarnos [...] solo vivimos gracias a la misericordia de Dios».
Los niños también participan en el contrabando y el trato que reciben es igual al de los adultos. En una nota difundida en Twitter el 5 de enero, los dirigentes de HTS comunican que han «arrestado a cinco menores» por tráfico ilegal de combustible.
Por último, también llegan noticias alarmantes del otro lado de la frontera, en Turquía, cuyo gobierno continúa con su política de rechazar y repatriar a los refugiados sirios, incluso a los que cuentan con un permiso de residencia temporal que les garantizaría protección. Un informe que publicó hace pocos días Sirios por la Verdad y la Justicia (STJ) muestra que entre 2019 y 2021 más de 155.000 refugiados sirios fueron repatriados por la fuerza o con engaños, muchos de ellos firmando documentos de «retorno voluntario» en idioma turco cuyo contenido ignoran.
