(Carmen Serna/El Mundo/InfoCatólica) La petición de dotar de más autoridad a los profesores ya ha pasado por algunos parlamentos regionales y hasta por el Congreso de los Diputados. El PP presentó una proposición a nivel nacional, el pasado 3 de mayo, para intentar modificar la Ley de Educación e introducir este blindaje a los docentes.
Además, otras comunidades autónomas como La Rioja ya ha discutido este aspecto y hasta ha introducido cambios en su legislación aunque no en los términos exactos que algunos sindicatos de profesores pedían.
Petición del sindicato ANPE
Dos de los más beligerantes en este debate han sido el sindicato ANPE y la defensora del Profesor, que ya solicitaron, el pasado mes de marzo en Madrid, que se calificara directamente a los profesores como autoridad pública.
Con la autoridad pública, los profesores alcanzarían el rango de los inspectores de sanidad y educación. Tendrían presunción de veracidad y cualquier agresión o intento de ella sería inmediatamente un delito de atentado", explicaron en su momento fuentes sindicales de ANPE.
Precisamente éste es uno de los aspectos que más valoran los docentes: el principio de veracidad que se presupone a todas las autoridades públicas y que remarcaría el poder del profesor dentro de su aula.
Los representantes de los docentes son conscientes de que los problemas en los colegios no se resuelven a golpe de ley, pero las cifras de agresiones, presiones, amenazas y bajas psicológicas por estos casos de violencia aumentan cada año. Según el Gobierno regional, esta normativa pretende, precisamente, servir de disuasión a los jóvenes que quieran intentar cualquier tipo de agresión física o psíquica porque su falta ya no se juzgaría dentro del ámbito escolar sino que se trasladaría directamente a los juzgados.
Agresiones en las aulas
De hecho, según los artículos 550, 551 y 552 del Código Penal, toda persona que agreda, emplee la fuerza, se resista gravemente o intimide a una autoridad pública serán sancionada con penas de privación de libertad de uno a cuatro años.
En el caso concreto de las aulas, y al tratarse en la mayoría de las agresiones de menores, la aplicación de la normativa sería diferente pero aún así este tipo de faltas tendría una consideración mucho más grave.
Además, el profesor estaría respaldado por la Fiscalía de Madrid que podría, con el cambio jurídico, perseguir amenazas y golpes de oficio, sin necesidad de que el profesor sea el que lleve el peso principal de la denuncia.
Respecto a la legalidad de la medida, fuentes regionales insisten en que la Comunidad de Madrid tiene toda la capacidad normativa y legislativa para poder reforzar la autoridad de los profesores sin que se tenga que modificar la norma nacional.
Enviar las normas a los padres
Otra de las novedades educativas que anunciará hoy Aguirre, para el nuevo curso, será la petición del Gobierno regional a todos los colegios e institutos públicos para que envíen a los padres las normas de cada colegio. Los padres deberán mostrar su conocimiento y aceptación devolviéndolas firmadas".
De esta forma, los directores tendrán la garantía de que los progenitores son conscientes de cuáles son los derechos y los deberes de sus hijos y no podrán excusarse en el desconocimiento de las reglas para no aceptar las posibles sanciones.
La tercera medida para potenciar la labor de los trabajadores y el reforzamiento de su autoridad será la subida del sueldo para todos los jefes de estudios y los secretarios.
La mejora de la retribución ya se está aplicando a los directores de los centros públicos desde el pasado 1 de enero, que han visto mejorado su salario en 320 euros de media.
Fuentes regionales advirtieron de que Aguirre no va a eludir el debate sobre la crisis económica, aunque gran parte de las novedades de su discurso se vayan a centrar en educación y en temas más normativos. Hablará de sus medidas anticrisis y también tendrá tiempo de criticar al Gobierno de Zapatero.
