(NCRegister/InfoCatólica) En un referéndum de octubre de 2020, los chilenos votaron a favor de la redacción de una nueva constitución. La convención constitucional comenzó a reunirse en julio de 2021. En septiembre de este año debería celebrarse otro referéndum para decidir si se acepta la constitución que se redactará.
El umbral para garantizar que la convención considere una propuesta es de 15.000 firmas. Aunque las iniciativas que respaldan el derecho a la vida, la libertad de religión y conciencia, y el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones han alcanzado esa meta, los proponentes piden más firmas antes de la fecha límite del 1 de febrero para demostrar que tienen un fuerte apoyo público y facilitar su eventual inclusión en la constitución.
Derecho a la Libertad de Conciencia y Religión
Las comunidades religiosas de Chile se organizaron para crear la Iniciativa 3042 sobre «Libertad de conciencia y religión», que establece que «la libertad religiosa comprende su libre ejercicio, la libertad de profesar, continuar practicando y cambiar de religión o creencias, así como el derecho a asociarse para profesar y propagar la religión o las creencias, tanto en público como en privado».
«El Estado no podrá coaccionar a ninguna persona para que actúe en contra de sus convicciones o creencias religiosas y cualquier persona podrá abstenerse de realizar conductas contrarias a las mismas», agrega.
La iniciativa también pide que las confesiones religiosas sean reconocidas «como sujetos de derechos» que «gocen de plena autonomía e igualdad de trato para el desarrollo de sus fines de acuerdo con sus propias normas».
En consecuencia, el Estado puede celebrar «acuerdos de cooperación» con estos grupos. Podrán «construir iglesias, instalaciones, lugares de culto, los cuales estarán totalmente exentos de impuestos» y el daño que se haga «a dichas iglesias, instalaciones, lugares de culto y a las personas en ejercicio de este derecho se considera un atentado contra los derechos humanos de los afectados».
Además, la iniciativa establece que los padres o tutores deben tener «el derecho de que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que sea conforme a sus propias convicciones».
Estas confesiones religiosas lanzaron un esfuerzo conjunto en agosto de 2020 para redactar una iniciativa y presentaron un texto base denominado «Propuesta de Contenido sobre Libertad Religiosa en la nueva Constitución» que fue entregado a la Convención Constitucional el 18 de octubre.
El obispo Juan Ignacio González Errazuriz de San Bernardo dijo a ACI Prensa que reunir el número mínimo de firmas solo asegura la discusión y votación de la propuesta, pero «nadie está asegurando que el contenido de la disposición propuesta permanecerá en la Constitución».
Por tanto, a medida que «más ciudadanos expresen su apoyo a estas iniciativas» podría ayudar a quienes «no las entienden bien o tienen otra interpretación de estos temas esenciales» a «aceptar algunas de las propuestas que se hacen», señaló.
Por ejemplo, el obispo se refirió a la decisión que podrían tomar los delegados a la convención constituyente cuando vean que la iniciativa a favor del aborto ya reunió más de 24.000, mientras que la iniciativa en defensa del derecho a la vida tiene 19.000 firmas.
Monseñor González dijo que lo que está en riesgo es que los derechos fundamentales, que hoy están consagrados en la constitución vigente, terminen «muy mal configurados o insuficientemente asegurados».
«Lo importante es que el Estado reconozca que el factor religioso en cualquiera de sus vertientes es un factor social relevante en la vida de un país», subrayó.
Derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos
La iniciativa 4102 por una «educación libre y diversa» aboga por la libertad de educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y busca garantizar una educación de calidad y de acceso universal.
La propuesta establece que la educación debe ser un «bien integral de la persona humana en las diferentes etapas de su vida, tanto en su dimensión corporal como espiritual».
Por tanto, el Estado debe ser responsable de «fomentar y financiar dicho desarrollo desde las comunidades de familias» sin «imponer una visión única de la persona humana, la sociedad y el mundo, ni una comprensión única de los derechos humanos». Por el contrario, debe ayudar y apoyar a los padres en su función de «educar, criar y formar a sus hijos, así como el derecho a elegir el establecimiento educativo para ellos».
Ingrid Bohn, del grupo «Con Mis Hijos No Te Metas» y también integrante del grupo Educación Libre y Diversa, explicó a ACI Prensa que, aunque ya se han recogido 15.000 firmas, se está trabajando en todo el país para reunir más, porque «la iniciativa debe tener mucho apoyo ciudadano».
«Apoyamos esta propuesta y la patrocinamos junto con otras organizaciones de padres, tutores, docentes y estudiantes porque somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos y quienes debemos tener la libertad de elegir entre una variedad de proyectos educativos», dijo.
El derecho a la vida
Organizaciones como Siempre por la Vida y la ONG Comunidad y Justicia crearon la Iniciativa 4138 sobre el «Derecho a la Vida».
La iniciativa propone que el derecho a la vida tenga protección constitucional desde el momento de la concepción, «independientemente de la edad o etapa de desarrollo», porque «si las leyes y la Constitución no reconocen que todos somos iguales en dignidad y derechos, puede contribuir al problema social de discriminar arbitrariamente a los no nacidos».
La propuesta se basa en argumentos biológicos, filosóficos y jurídicos del derecho internacional.
«Es inconcebible que una Constitución que busca, precisamente, proteger la dignidad de todas las personas, sin discriminaciones arbitrarias, deje a un grupo fuera de esta protección, solo por no haber nacido», señala la iniciativa.
Aun así, desde septiembre de 2017, Chile cuenta con una ley que despenaliza el aborto por violación hasta las 12 semanas de embarazo, y sin límite gestacional tanto por inviabilidad fetal como por riesgo para la vida de la madre.
Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de la Fundación Chile Unido, dedicada a apoyar a madres con embarazos en crisis, animó a la ciudadanía a suscribir la iniciativa «para que la Constitución de Chile siga protegiendo el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, y que la ley proteja la vida del no nacido».
«Debemos participar ya que el derecho a la vida es la dignidad de todo ser humano, es inviolable, desde el momento en que comienza su existencia. Es fundamental que este derecho sea reconocido a todos los individuos humanos, sin distinción, y siga estando presente en la Constitución chilena», dijo Hoffmann a ACI Prensa.
