(Nacion/InfoCatólica) Este es el primer requisito que debe cumplirse para iniciar el trámite que reformaría los artículos 75 y 194 de la Constitución Política. Maricel Salas, integrante del Movimiento, manifestó que la eliminación del Estado confesional fortalecerá la democracia. Los Estados representan a un cúmulo de personas, no solo a una persona. Ese cúmulo no tiene las mismas creencias”, dijo Salas.
Salas afirmó que el plan no busca “emprender una cruzada contra la Iglesia Católica u otras iglesias”, sino darle un estatus igualitario a todos los ciudadanos y habitantes del país.
El legislador del Frente Amplio, José Merino, alegó que un “Estado democrático moderno” no puede tener una religión, de ahí la justificación del plan legislativo. Acerca de la proposición de quitar a Dios del juramento constitucional, Merino expresó que “no se debe usar el nombre de Dios en vano”.
“La responsabilidad de las personas que ejercen cargos públicos es jurar ante la Constitución y las leyes, para cumplirlas, que es lo que se puede penalizar. “Lo otro es un estado de conciencia de cada persona”, agregó el diputado Merino.
Iglesia Católica reacciona.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Barrantes, fustigó la propuesta. El prelado afirmó que el proyecto contraviene “la idiosincrasia costarricense” pues la mayoría profesa la religión católica. También hizo alusión al artículo 75 de la Constitución, que se refiere a la religión católica como la del Estado, pero defiende la libertad religiosa.
Barrantes añadió que los propulsores del proyecto “olvidan el aporte de la Iglesia en la conformación del Estado costarricense”. “Un Estado laico no necesariamente garantiza un mejor ejercicio de la libertad religiosa pues los estados que han prescindido de Dios son cabalmente quienes resultan ser más autoritarios, como la antigua Unión Soviética, Cuba, y los antiguos países socialistas”, dijo Barrantes a través de un correo electrónico.
El proyecto de ley pasará a ser analizado por una comisión especial legislativa que le dará trámite, según lo establece el artículo 195 de la Constitución Política.